La ‘ley mordaza’ de Ribó: Compromis y PSOE preparan un reglamento que limita a la Oposición

El alcalde de Valencia Joan Ribó (Compromís) y el PSOE ultiman su particular ‘ley mordaza’ dentro del ámbito municipal, a través de cambios en el Reglamento Orgánico del Pleno (ROP) que limitan las preguntas y mociones de la Oposición. Limian también los asuntos sobre qué preguntar y cómo deben preguntarse. El nuevo texto sólo admite una cuestión o interrogante por pregunta que, además, debe ser escueta y drástica.

Los Plenos municipales son el marco en que la Oposición de cada ayuntamiento fiscaliza la acción de gobierno. Y se desarrollan de acuerdo a un reglamento. En el caso de la ciudad de Valencia, donde Compromís y PSOE gobiernan juntos, el alcalde de la ciudad, Joan Ribó, quiere cambiar ese reglamento. Y, entre las modificaciones que plantea, según el Partido Popular, se incluyen las de eliminar las 5 preguntas adicionales por grupo en el Pleno, se limitan a 3 las que cada concejal podrá hacer en las comisiones informativas y sólo podrá hacerlas el concejal que sea miembro de esa comisión, mientras que, hasta ahora, cualquier concejal podía preguntar. Además, también se limita a 2 las mociones que cada grupo municipal puede presentar en cada una de las comisiones, cuando en el reglamento anterior esa limitación no existía. Lo más llamativo, sin embargo, es que un concejal tendrá que esperar 6 meses para preguntar sobre un mismo asunto.

La modificación se produce después de una resolución del defensor del pueblo valenciano a una queja presentada por el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valencia por la negativa de Ribó a contestar preguntas de esa formación política. Los populares entienden ahora que Ribó y los socialistas no han hecho caso a esta recomendación. La concejala portavoz del PP en el Consistorio de Valencia María José Catalá ha sostenido que el documento que ultiman Ribó y los socialistas es un ‘ROP mordaza’, que quiere anular la labor de la Oposición en en el Ayuntamiento. Y, del mismo modo, ha defendido que se trata de un reglamento «más propio de un gobierno bananero, que de otro -que vino argumentando que iba a ser transparente».