El defensor valenciano abre otro frente a Oltra al cuestionar su gestión en la Renta de Inclusión

El defensor del pueblo valenciano, una figura que en esta Comunidad recibe el nombre de Síndic de Greuges y a cuyo frente está Ángel Luna, ha abierto queja de oficio para esclarecer las denegaciones de la Renta Valenciana de Inclusión a personas que encontraron empleo por un corto espacio temporal. La investigación, que se cierne sobre la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirige Aitana Mas (Compromís), la también vicepresidenta primera del Gobierno valenciano, expone sin embargo como ejemplos casos que se remontan a un periodo anterior. En concreto, a cuando la responsabilidad de la citada Consejería estaba en manos de Mónica Oltra, predecesora de Mas y a quien de este modo se abre otro frente en un momento en que su atención está totalmente centrada en su defensa jurídica.

El caso Oltra es el nombre que recibe la investigación que su vez lleva a cabo el titular de Instrucción 15 de Valencia para esclarecer si cargos y/o personal de la Consejería que Mónica Oltra dirigía supuestamente ocultaron las denuncias de la menor abusada por el marido, entonces, de la que era vicepresidenta del Gobierno de Ximo Puig. Oltra está imputada en ese caso por los presuntos delitos prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delito. Dejó la Consejería y la vicepresidencia el pasado junio. Hace ahora poco más de 4 meses. 

En el caso del Defensor del Pueblo Valenciano, la queja a que aquí nos referimos fue abierta el pasado 31 de octubre, porque desde 2017 está recibiendo quejas «de numerosas personas» que habían solicitado dicha prestación económica «cumpliendo todos los requisitos para su concesión» pero que, sin embargo, «les era denegada» pues en el momento de la resolución, «emitida fuera del plazo previsto», la persona interesada se encontraba empleada».

Se da la circunstancia, de que el Síndic había mostrado reiteradamente sus reparos a las resoluciones en ese sentido de la entonces Consejería de Oltra, porque según explica el Defensor «ni la ley ni el Decreto que la desarrolla hacen referencia alguna a la denegación de la ayuda cuando en el momento de su resolución la persona interesada se encuentre percibiendo ingresos si, durante los meses anteriores» -cuando la solicitó- no los percibía. 

Los casos

El recordatorio de deber legal de la primera de las quejas que expone el Síndic corresponde a septiembre de 2021 y el cierre de la segunda a febrero de 2022, el mismo mes y año en que se cerró la tercera. Todas ellas, que cita en su explicación, corresponden, pues, a la etapa de Mónica Oltra. Y sólo uno de los casos a los que el defensor se refiere, el último, es el de una queja cerrada el pasado octubre, con Aitana Mas ya al frente de esa Consejería, pero abierta con anterioridad.

Ahora, en su queja de oficio, el defensor pregunta a la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas qué apartado legislativo determina que las solicitudes de la Renta Valenciana de Inclusión realizadas cuando la persona interesada cumple todos los requisitos para ser beneficiarias sean denegadas, más de 6 meses después, cuando en el momento de la resolución la persona se encuentra trabajando.

Pregunta además a la Consejería si sopesa que con dichas resoluciones está negando una ayuda a la que tenía derecho la persona solicitante, si comprende que si la Consejería hubiera resuelto en el plazo fijado legislativamente dicha persona hubiera percibido la ayuda solicitada y si estima que con su acción respeta el silencio administrativo positivo declarado en la ley en estos casos. Para concluir con una demoledora pregunta: «¿Por qué no cumple el mandato legal y aprueba resoluciones favorables con una suspensión posterior y su reactivación cuando sea el caso?».