Vox se querella en víspera del 14-F contra los responsables del tercer grado a los golpistas catalanes

Vox ha presentado este sábado una querella contra los responsables de la concesión del tercer grado a los presos del procés ante la comisión de un presunto delito de prevaricación, contemplado en el artículo 404 del Código Penal. Así lo ha comunicado la formación de Santiago Abascal en esta jornada de reflexión de las elecciones catalanas del 14-F, donde estos presos golpistas han hecho campaña activamente en la calle, mientras que la candidatura de Vox, con Ignacio Garriga al frente, ha sufrido múltiples ataques de los radicales.

Según ha explicado Vox en una nota, el equipo jurídico de esta formación ha presentado una querella en los Juzgados de Instrucción de Barcelona contra los miembros de las Juntas de Tratamiento y de los equipos multidisciplinares que emitieron un informe favorable sobre los presos.

En este contexto, Vox recuerda que el Tribunal Supremo denegó el tercer grado a estos reclusos separatistas el 4 de diciembre de 2020, lo que no fue inconveniente para que «los querellados volvieran a conceder el tercer grado tan solo unos días después, permitiendo así su participación activa y presencial en la campaña para las elecciones catalanas del 14F».

La formación de Abascal y Garriga entiende que «la celeridad en las resoluciones por parte del Departamento de Justicia de la Generalidad ha respondido a un propósito ajeno a los fines de la pena, y que lo único que han perseguido es burlar la resolución del Tribunal Supremo en beneficio de los presos».

Desde Vox, partido que ejerció la acusación popular en la causa que acabó condenando a los cabecillas del golpe del 1-O por los delitos de malversación y sedición, y que posteriormente se opuso a la concesión del indulto, aseguran que continuarán poniendo todos los medios a su alcance para que «al igual que ocurriría con cualquier ciudadano de a pie, los presos golpistas cumplan su condena sin beneficios injustificados».

El pasado enero, las Juntas de Tratamiento de las cárceles de Lledoners, Wad-Ras (Barcelona) y Puig de les Basses (Girona) desafiaron al Tribunal Supremo y dieron vía libre al tercer grado para Carme Forcadell, Dolors Bassa, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Joaquim Forn, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez.

El secretario de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima de la Generalitat, Armand Calderó, declaró en rueda de prensa en la sede de la Conselleria de Justicia, que dirige Ester Capella, que las tres Juntas de Tratamiento habían acordado las propuestas de semilibertad en reuniones simultáneas celebradas el pasado 14 de enero.

El equipo de tratamiento de Lledoners respaldó por unanimidad la semilibertad para Sànchez y Cuixart, y por mayoría para Romeva, Junqueras, Forn, Rull y Turull. Por su parte, los funcionarios de Puig de les Basses propusieron por unanimidad el tercer grado para Dolors Bassa, y en la prisión de mujeres Wad-Ras, hicieron lo propio por mayoría para Forcadell.

Conocían el aviso del Supremo

Al ser preguntado si los funcionarios habían tenido en cuenta el aviso del Tribunal Supremo de que podían cometer prevaricación si aprobaban la semilibertad para los presos golpistas, Calderó declaró que ellos trabajan amparados por la Ley y el Reglamento Penitenciario y añadió que los equipos de tratamiento sí conocían el auto del Tribunal Supremo.

La clasificación penitenciaria de cada preso se revisa cada seis meses, y en julio de 2020 las Juntas de Tratamiento de las prisiones ya propusieron este grado de semilibertad para todos los golpistas del 1-O. Sin embargo, el Tribunal Supremo lo tumbó en diciembre para los nueve presos del procés al considerarlo una medida prematura. La mayoría (excepto Forcadell y Bassa) no llegaron a usar el tercer grado porque quedó en suspenso tras los recursos que presentó la Fiscalía. El Ministerio Público que dirige la ex ministra socialista Dolores Delgado tiene intención de recurrir también este último tercer grado, pero todavía no hay noticia de que lo haya hecho.

En concreto, el tribunal que juzgó la causa del procés señaló que «en la tarea de acomodar el cumplimiento de las penas impuestas a los fines constitucionales que inspiran la ejecución de las penas privativas de libertad, nuestra sentencia no tiene que ser permanentemente reinterpretada. En los hechos declarados probados y en su fundamentación jurídica se encuentran las claves para explicar la gravedad de los hechos sentenciados y su efecto demoledor para la convivencia democrática. Su detenida lectura descarta cualquier quiebra del principio de proporcionalidad», indicó.

En esta línea, el Tribunal Supremo también precisó que «el principio de flexibilidad (…), de tanta importancia para hacer realidad el fin constitucional de resocialización del penado, no convierte a las Juntas de Tratamiento en una última instancia llamada a corregir los desacuerdos de los funcionarios que las integran con el desenlace de un determinado proceso (…)», apostilló.