El TSJC ordena a la Generalitat «preservar la intimidad» del niño de Canet linchado por el separatismo

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ordenado a la Generalitat y a la dirección de la escuela de Canet de Mar (Barcelona) el Turo del Drac que «adopten las medidas necesarias para preservar la protección y la identidad del menor» cuya familia pidió para su hijo de cinco años un mínimo del 25% de las clases en español y que está recibiendo el acoso de la jauría independentista y de otros padres del mismo centro.

El tribunal ha dictado una providencia en la que insta al consejero de Educación del Govern, Josep Gonzàlez-Cambray, y a la directora del centro escolar, a garantizar «la normal convivencia y el pacífico despliegue del entorno educativo».

En la providencia del TSJC también se da un plazo de diez días a la Consejería de Educación de la Generalitat para que aporte los informes necesarios que demuestren que se están cumpliendo las medidas cautelares que dictó el mismo tribunal con las que se obliga a los niños de la clase de la familia del denunciante a impartir el 25% de las clases en español.

La familia del niño acosado pidió amparo al TSJC hace unas semanas para que su hijo recibiera el 50% de las clases en castellano. Ahí fue cuando el mismo tribunal impuso medidas cautelares a la escuela Turo del Drac para que se impartiera un mínimo del 25% de las clases en castellano. Hace unas semanas el Tribunal Supremo ya ratificó una sentencia del TSJC en el que se obligaba a todos los centros escolares de Cataluña a impartir el 25% de las clases en castellano.

Posible delito de odio

Desde entonces, el separatismo catalán ha organizado una campaña para acosar y señalar tanto al niño como a la familia que pidió más clases en español para su hijo. El resto de padres del centro también se han organizado para aumentar este señalamiento. La familia denunciante recogió todos los insultos, amenazas y vejaciones que lleva recibiendo desde entonces y se lo traslado al TSJC para instar a la escuela y a la Generalitat a garantizar su seguridad, como así ha pasado.

La Fiscalía de Barcelona abrió diligencias de investigación para verificar si los mensajes difundidos por el separatismo en las redes sociales pueden suponer un delito de odio de incitación al odio o discriminación. El Ministerio Público admitió a trámite las denuncias presentadas por la plataforma Hablamos Español, Asamblea para la Escuela Bilingüe y Vox.

Por el momento se ha iniciado un procedimiento para «valorar y estudiar la trascendencia jurídica de los tuits». La mayoría de los insultos en las redes sociales fueron difundidos por cuentas anónimas, por lo que se «determinará cómo proceder» para identificar a estos usuarios.