El PSOE desvaría: barra libre con la inmigración ilegal en Mallorca y que los ayuntamientos los empadronen

El PSOE sigue con su particular desvarío: barra libre con la inmigración ilegal en Mallorca y que los ayuntamientos los empadronen a todos «aunque estén en una situación administrativa irregular» y vivan en asentamientos, caravanas o hasta en viviendas sin contrato.

Según los socialistas, no hacerlo es «fundamentalmente preocupante». «No se puede combatir la exclusión negando derechos», afirman los socialistas en una proposición presentada para su debate esta semana en el pleno que celebrará el Consell de Mallorca mañana jueves.

Con unas islas como Baleares, donde de nuevo este año se está disparando la llegada de pateras a sus costas con un 18,2% más de inmigrantes ilegales que en el primer trimestre de un año pasado que ya fue de récord (7.135 a bordo de 400 pateras, doblando los cayucos llegados a Canarias), impedir el empadronamiento o denunciar los falsos empadronamientos «no solo es una mala práctica: es contrario al espíritu y al fin de la ley.»

Para los socialistas, que el empadronamiento sea o no fraudulento parece no ser elemento trascendental porque lo que el Grupo Socialista en el Consell denuncia son las consecuencias que tiene no cumplir la ley para el culpable: «Sin padrón, una persona queda fuera del sistema: sin acceso efectivo a la sanidad, a la educación o a los servicios sociales. Es decir, se produce una exclusión administrativa que multiplica la exclusión social».

Por ello, los socialistas rechazan de plano que el Govern de Marga Prohens quiera negar los accesos a las ayudas sociales a quien no lleve tres años en las islas para evitar el efecto llamada a inmigrantes.

«Cualquier intento de restringir el acceso a las prestaciones sociales mediante el endurecimiento arbitrario de los criterios de temporalidad en el padrón, como la pretensión de exigir tres años de residencia, supone una vulneración del principio de universalidad y una forma de segregación administrativa», afirman los socialistas en una proposición que se debatirá en el pleno del Consell del 9 de abril.

El PSOE pone como ejemplo los más de 200 okupas de la abandonada cárcel de Palma, donde alrededor del 70% de los okupas son magrebíes en situación ilegal cuyo desalojo ha ordenado sin éxito el Ayuntamiento.

Para los socialistas, que sean okupas de un edificio municipal en avanzado estado de degradación con montañas de basura y donde los incendios son una constante, poco importa porque son «personas y familias que han encontrado en este espacio su único refugio, y que ahora se ven amenazadas por desalojos sin garantías reales de alternativa habitacional. Esto no es solo una mala gestión. Es una dejadez de funciones».

Por ello exigen al Consell de Mallorca que refuerce lo que denominan el «escudo social» como herramienta fundamental para garantizar la cohesión social y la dignidad de todas las personas residentes en la isla. A su vez, rechazan los socialistas «cualquier política que suponga un recorte en los derechos sociales o la exclusión de colectivos vulnerables de la red de protección pública».

También insta el PSOE a no desalojar a ninguna persona de la antigua prisión de Palma ni de ningún otro espacio «sin que previamente se haya valorado su situación de vulnerabilidad y se le haya ofrecido una alternativa habitacional digna que evite situaciones de sinhogarismo». Y por último, «a impulsar, en coordinación con los ayuntamientos, un plan urgente de atención a las personas en situación de exclusión residencial, incluyendo aquellas que viven en asentamientos, caravanas, infraviviendas o en la calle, con recursos habitacionales y de acompañamiento social suficientes».