Pedraz imputa a la socialista abogada de Koldo por intentar comprar con 50.000 € el silencio de la empresaria de las bolsas de Ferraz

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado como investigada a Leticia de la Hoz, socialista y abogada de Koldo García, para que declare el próximo 14 de julio de 2026 a las 10.00 horas.

El auto judicial la señala como presunta intermediaria en el ofrecimiento de 50.000 euros a la empresaria Carmen Pano —quien afirma haber llevado bolsas de dinero en efectivo a la sede del PSOE en la calle Ferraz— para que modificase su declaración ante el tribunal. La imputación añade un nuevo nombre de calado al sumario de las cloacas del PSOE y amplía el perímetro de una trama que el juez investiga por, entre otros delitos, organización criminal, cohecho e inducción al falso testimonio.

De la Hoz ha pasado en pocos meses de ser una penalista con escasa visibilidad pública a convertirse en uno de los nombres más controvertidos de la causa. Su despacho, Idbo Consultants, ha acumulado señalamientos judiciales que la sitúan, según el instructor, mucho más allá del ejercicio ordinario de la defensa penal.

El episodio que ha precipitado su imputación gira en torno a Carmen Pano, empresaria que ha declarado ante el juez haber transportado dos bolsas con dinero en efectivo hasta la sede socialista de Ferraz.

Según el auto de Pedraz, el abogado Ismael Oliver alertó a Leire Díez de la urgencia del asunto con un mensaje inequívoco: «Es importante. Si queréis lo negocio yo».

La respuesta de la ex militante socialista fue escueta: «Negócialo. Si puedes, hazlo». En otra conversación recogida por el magistrado, Leire Díez describía a Pano en términos que condensan la lógica de toda la operación: «Esta se vende. Debemos saber comprar.»

De la Hoz ha negado los hechos de manera tajante, calificándolos de «falsos e infundados.» La instrucción, sin embargo, sigue abierta. En todo caso ya la semana pasada su letrado se personó en la Audiencia Nacional dando por hecha la imputación de la abogada de Koldo.

El mismo auto apunta que la presunta organización habría ofrecido remuneraciones a fiscales y guardias civiles a cambio de información que pudiera obstaculizar los procesos judiciales que rodeaban al Gobierno. Una dinámica que el juez Pedraz rastrea a través de los teléfonos móviles intervenidos a Leire Díez y de fuentes documentales incorporadas al sumario.

El perfil de De la Hoz acumula además otros elementos de relieve. En 2023 el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid le impuso una sanción disciplinaria con suspensión temporal por infracción deontológica, relacionada según varias informaciones con haber dejado desatendido a un cliente víctima de abusos.

Al mismo tiempo, el Gobierno de Pedro Sánchez le ha abonado 33.446 euros públicos por gestionar el Sistema Interno de Información del SEPE. Y su empresa, IDB Consultants, ha multiplicado por más de dos su facturación en apenas dos ejercicios: de 1,38 millones de euros en 2022 pasó a 3,21 millones en 2024, con un beneficio neto de 426.710 euros ese último año.

Estrategia procesal fallida

Como defensora de Koldo García en el caso Koldo —la mayor trama de corrupción vinculada a la compra de mascarillas durante la pandemia, que el Tribunal Supremo está a punto de sentenciar— la actuación procesal de De la Hoz ha seguido un patrón que el alto tribunal ha ido rechazando de forma sistemática.

El Supremo ha tumbado sucesivas solicitudes de nulidad por la no entrega de teléfonos a los investigados, por un suplicatorio supuestamente vulnerado en sus límites, por pruebas supuestamente ilegales y por una presunta interceptación ilegal de comunicaciones, afirmando en este último caso que existían «indicios independientes suficientes.»

Tampoco han prosperado las solicitudes de polígrafo, careos ni recusación de magistrados, estrategias que varios analistas jurídicos califican de rocambolescas.

Según las fuentes consultadas, De la Hoz habría influido además para que su cliente no colaborase con la Fiscalía Anticorrupción ni facilitase información de utilidad, una decisión que varios juristas consideran que puede traducirse en penas más elevadas si el tribunal da por acreditados los hechos. Koldo García acumula ya seis meses en prisión provisional.

La pregunta que el sumario plantea ahora ya no es si la estrategia de De la Hoz ha fallado. Es si ella misma formaba parte del problema que se suponía debía resolver.

Otras diligencias