El presupuesto de Palma de 2025, en el aire si Sánchez no paga los 28 millones para la gratuidad de la EMT

Los presupuestos del Ayuntamiento de Palma para 2025 están en el aire si Pedro Sánchez no paga los 28 millones de la gratuidad de la EMT, ya que el Consistorio no tiene recursos propios suficientes para hacer frente a este millonario desembolso.

De hecho, el Gobierno central sólo se ha hecho cargo este año de 20 millones, corriendo a cuenta de Cort los ocho millones restantes, para lo que se vio obligado a pedir un crédito y de esta forma poder hacer frente a este descuadre en sus cuentas.

Pero una cosa son ocho y otra bien distinta los 28 que cuesta mantener gratis total, como ha ocurrido estos dos últimos años, el transporte público de Palma, si bien hasta ahora el Ayuntamiento no ha cobrado nada de los 20 millones prometidos por el Ejecutivo de Sánchez para este año.

El año pasado, en estas mismas fechas y ante la indecisión también del Gobierno de Sánchez sobre si mantendría la subvención a la gratuidad del transporte público, el presidente de la EMT y concejal de Movilidad del PP, Antoni Deudero, anunciaba que viajar en autobús volvería a ser de pago en 2024. No iba a ser gratis total, pero se mantendrían las bonificaciones a los usuarios que realmente lo necesitaran, como jóvenes, tercera edad y personas con necesidades económicas, dejando la puerta abierta a la gratuidad del bus para los menores de 16 años. Posteriormente, Deudero rectificó al mantenerse la subvención estatal.

Pero ahora el Ayuntamiento de Palma está en la misma situación, con el agravante de que tras dos años de transporte público gratis total, los palmesanos se han acostumbrado a no pagar por este servicio. Y acabar con esta gratuidad tiene un coste político que debe tener en cuenta un gobierno municipal en minoría como el PP en Palma antes de tomar una decisión.

Y más teniendo en cuenta el éxito de la iniciativa ya que, según los últimos datos de la Concejalía de Movilidad, la bonificación al 100% del transporte público para la ciudadanía de Palma ha supuesto para la EMT un aumento del 17,3% de los pasajeros entre enero y junio de este año respecto a los mismos meses de 2023.

A ello hay que sumar que se trata de un tema donde la oposición de izquierdas está dispuesta a hacer toda la demagogia posible. De hecho, en el primer pleno municipal del nuevo curso político previsto para el 26 de septiembre, el asunto estará ya sobre la mesa para su debate.

La única concejala de Podemos en el Ayuntamiento de Palma, Lucía Muñoz, ha presentado una iniciativa en la que insta al equipo de gobierno a comprometerse con el mantenimiento de la bonificación al 100% del transporte público en 2025 «y buscar la financiación necesaria para ello ya sea con fondos europeos, estatales, autonómicos o propios», apunta la única edil del Grupo Mixto.

Si bien es cierto que la bonificación del transporte público ha sido financiada tanto en 2023 como en 2024 por los Presupuestos Generales del Estado «y sería deseable que continuará así», señala, «consideramos que la gratuidad debería mantenerse como política pública dada su importancia social, económica y ecológica incluso si debe sufragarse con fondos propios», es decir, pagándolo los palmesanos con sus impuestos y no todos los españoles.

Pero Muñoz no entra en esas cuestiones, ni en si es sostenible o no para el bolsillo del contribuyente, sino que se centra en destacar que esta medida ha tenido un gran recibimiento por parte de la ciudadanía, «ha supuesto una dinamización y activación de la EMT y el transporte colectivo de la ciudad y ha supuesto una reducción del uso del coche y de las emisiones contaminantes que éstos producen y si las instituciones lo ponemos fácil, la gente deja su coche en casa».

Por ello, la edil asegura que la movilidad sostenible «debe convertirse en un derecho y un pilar del Estado de bienestar, como ya lo son la sanidad o la educación. Por eso, la bonificación al 100% del transporte público en Palma que se ha implementado estos años debe ser la ruta a seguir y debe convertirse en la norma».

«Es una medida imprescindible», abunda, «no sólo por justicia social sino también como apuesta clara por una movilidad sostenible que mitigue los efectos de una crisis climática que ya está aquí ya la que debemos hacer frente con urgencia con medidas razonables y contundentes».