El Parlament aprobará este martes el nuevo ‘decretazo’ de Armengol contra los propietarios de suelo rústico

El Parlament celebrará este martes, 24 de enero, un pleno extraordinario para votar el decreto ley con medidas de contención del crecimiento urbanístico. El decretazo urbanístico limita a los propietarios las posibilidades y derechos edificatorios consolidados y también limita la autonomía de los municipios para decidir hacia dónde quieren crecer.

En concreto, el nuevo decreto, aprobado por el Consell de Govern el pasado día 27 de diciembre, establece que los planeamientos urbanísticos municipales no podrán delimitar nuevos sectores de suelo urbanizable cuando las necesidades reales se puedan resolver con actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbana. Se incluyen excepciones para hacer promociones públicas de vivienda protegida en determinados casos.

Con la aprobación de este decreto ley para hacer cualquier modificación del planeamiento urbanístico -aunque sea para construir un equipamiento público, como un hospital, una escuela, un centro de salud o de día, o modificar el trazado de una calle- será preceptivo que el Ayuntamiento realice modificaciones puntuales de la normativa, un procedimiento que puede tardar años debido a la lentitud de los Consells Insulares.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Antoni Costa, ha calificado el decreto ley sobre crecimiento urbanístico como un «decretazo con nocturnidad y alevosía». «De un día para otro no se le puede decir a alguien que su terreno no es urbanizable, es un atentado contra la propiedad privada», ha destacado.

Por su parte, el portavoz del PI, Josep Melià, ha avanzado así mismo que su grupo se abstendrá porque cree que se trata de una norma «que no reúne las características» para aprobarse como decreto ley. «Es otro abuso de esta figura», ha dicho Melià, a la vez que ha recalcado que debería tramitarse como Proyecto de Ley para poder aportar propuestas y negociar cambios.

«Compartimos la desclafisicación para que algunos terrenos pasen a ser suelo rústico para que no se construya, pero en otros aspectos tenemos matices», ha explicado. Melià ha lamentado finalmente que el Pacte use esta figura, la del decreto ley, como «práctica habitual», algo que «provoca una democracia de baja calidad».

La portavoz parlamentaria y coordinadora de Ciudadanos Baleares, Patricia Guasp, ha avanzado que su grupo votará en contra del decreto ley al considerar que «se ha hecho deprisa y corriendo, como siempre, sin contar con los ayuntamientos ni con los Consells». «Interviene en las competencias de ordenación urbanística de consells y ayuntamientos, no ha habido consenso con ellos antes de este decretazo, y genera inseguridad jurídica», ha asegurado Guasp.

Además, ha criticado que se use este decreto ley como «cajón de sastre» para meter otras soluciones muy concretas, como por ejemplo la de los damnificados por los apartamentos Don Pepe en Ibiza. «Estamos de acuerdo, pero no pueden usar todo un decreto para esta solución», ha insistido.

Los alcaldes del PP ya expresaron a principios de año su rechazo al decreto y solicitaron una reunión ejecutiva extraordinaria de la Federación de Entidades Locales de les Illes Balears (Felib) para presentar enmiendas. Afirman que este decreto «amenaza a los pequeños propietarios y a su derecho de vivir en el campo».

Los alcaldes del PP recordaban que el Consejo Ejecutivo de la Felib «es el órgano que debe tomar las decisiones y que debe defender a los municipios, para tratar este asunto que, como otras veces, significa la aprobación de un decreto ley que afecta a temas urbanísticos sin el consenso con los municipios».

Pleno sin preguntas

Por otra parte, previsiblemente en el pleno extraordinario de este martes no habrá preguntas de control al Govern. Si bien, es una cuestión que se decidirá definitivamente en la diputación permanente previa al pleno.

Hay que recordar que en la junta de portavoces de esta semana pasada, PP y Ciudadanos han criticado públicamente que el Govern haya rechazado la realización de preguntas de control en el pleno extraordinario.

Concretamente, el popular Toni Costa, ha censurado la «senda autoritaria» de la presidenta del Govern, Francina Armengol, y su «constante ninguneo a los grupos de la oposición». En la misma línea, la liberal Patricia Guasp ha considerado que los partidos de la oposición «deberían poder hacer este control al Govern, aunque sea en sesión extraordinaria».

Por su parte, tanto Unidas Podemos como el PSIB han defendido que no se realicen las preguntas, precisamente porque se trata de una sesión extraordinaria.