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Palma no dará licencias para habitar nuevos edificios hasta que no funcione la nueva depuradora en 2027

No obstante, sí que se podrán tramitar los proyectos de urbanización antes de que esté operativa

Se podrán poner en marcha urbanizaciones y unidades de actuación que hasta ahora estaban paradas

Palma licencias
Edificio de viviendas en construcción en Palma.
Indalecio Ribelles
  • Indalecio Ribelles
  • Redactor de OKBaleares, información local de Palma, social y política. Antes, redactor en EL MUNDO/ Baleares durante 20 años.

El Ayuntamiento de Palma no dará licencias para habitar los nuevos edificios en construcción hasta que no haya una nueva depuradora que entrará, previsiblemente, en funcionamiento en el verano de 2027, si bien la fecha no es definitiva.

Para ello, el Ayuntamiento de Palma ha aprobado una modificación puntual de su Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) para permitir que se puedan tramitar los planeamientos urbanísticos y los proyectos de urbanización antes de que esté operativa la ampliación de la Estación de Depuración de Aguas Residuales (EDAR) II.

El teniente de alcalde de Urbanismo, Vivienda y Proyectos Estratégicos, Óscar Fidalgo, ha explicado este martes en la rueda de prensa posterior que la intención es adaptar el PGOU a la nueva declaración ambiental estratégica, puesto que hasta ahora no se permitía, y ha defendido que este cambio «no genera nuevos desarrollos urbanísticos» y «no implica cambios económicos sociales o ambientales sustanciales».

Asimismo, Fidalgo ha apuntado que esta «mayor flexibilidad» no «rebaja las exigencias», dado que seguiría dependiendo de la disponibilidad hídrica y las licencias de ocupación de los edificios que se construyan no se otorgarán hasta que la EDAR II entre en funcionamiento.

Cabe recordar que la normativa anterior impedía aprobar estos instrumentos hasta la puesta en marcha de la ampliación de la EDAR. Por tanto, esta modificación introduce mayor flexibilidad en la planificación urbanística, sin generar nuevos desarrollos ni cambios económicos, sociales o ambientales.

Para el regidor, éste es un «gran paso» en el urbanismo de la ciudad al permitir que se «desbloqueen muchos planes de actuación» que llevaban parados «mucho tiempo» o «más del que era necesario» para ser suelo urbano «consolidado». «De esta manera, se podrán poner en marcha muchas viviendas y unidades de actuación que estaban paradas en Palma y que afectaban a entornos y barrios completos para abrir calles y avenidas completas», ha sostenido.

Por otra parte, Fidalgo ha dado a conocer algunos de los datos relativos a los efectos que han provocado una serie de cambios administrativos orientados a la «agilización» de las licencias de obras y actividades en los últimos tres meses.

El regidor ha recalcado que los «problemas» de tramitación no sólo se debían a un «urbanismo complejo», sino también a «errores evitables», por lo que se llevó a cabo una auditoría de los procesos que ejecutan los profesionales de Urbanismo para saber dónde se tardaba más y estaban los cuellos de botella.

Tras un análisis «significativo» de expedientes, ha explicado que los retrasos están motivados por «errores documentales, duplicidades y trámites que no aportan un valor real».

Por un lado, ha aclarado que uno de estos impedimentos era el pago de tasas, ya que actualmente hasta que no se pagaban o se justificaba el pago, no se iniciaba la tramitación. Como solución, ha indicado que se ha acordado con el área de Hacienda para evitar que la falta de pago «bloquee» las gestiones que se «se prolongaban durante meses». Una actuación que habría reducido las incidencias en un 14%.

También había un «elevado número» de solicitudes que presentan «documentación incompleta». Para darle remedio, se ha diseñado un checklist para comprobar los trámites que se tiene que incorporar un proyecto de licencia urbanística. La detección temprana de estas tramitaciones incompletas ha rebajado las incidencias en un 18%.

Por otro lado, hay errores normativos del derivados de la «complejidad» del Plan de Ordenación Detallado y la «inseguridad jurídica» de tener normas «dispersas».

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