El Govern sostiene que Armengol pactó un sobreprecio del 40% en la compra de 88 viviendas para hacer VPO

La consellera de Vivienda, Territorio y Movilidad, Marta Vidal, ha lamentado la «brutal campaña de acoso y derribo» recibida por parte del Partido Socialista por el caso Metrovacesa y ha defendido su decisión de remitir el caso a Fiscalía «desde la más absoluta imparcialidad». Vidal ha insistido en que el Govern de Armengol pactó un sobreprecio del 40% en la compra de 88 viviendas de lujo para hacer VPO.

Así se ha expresado Vidal este martes durante una comparecencia ofrecida en el Parlament, que ha iniciado repasando titulares de medios de comunicación que demuestran «que el escándalo de Metrovacesa existía mucho antes» de que ella fuera consellera, según ha argumentado.

Durante su intervención, ha recordado que fue «un juez quien impidió al Govern anterior firmar la escritura» y que la decisión de revocar el acuerdo de tanteo se aprobó no por ella, «sino por el Consejo de Administración del Ibavi por unanimidad de sus miembros». También la consellera ha querido dejar «claro» que la propuesta de revocación iba precedida de informes jurídicos y «contundentes», y ha defendido su postura ante toda esta situación, informa Europa Press.

«En ningún momento, a pesar de que se ha intentado por todos los medios, he hecho ni una sola valoración. No he señalado a nadie, no he acusado a nadie, porque no me corresponde», ha insistido Vidal, indicando que la decisión de remitir el caso a Fiscalía se debió «al cumplimiento de una responsabilidad legal».

Ha indicado que, según expedientes, la operación implicaba una pérdida de un déficit inicial de 5,8 millones de euros. Además, ha continuado, la documentación que en aquel momento constaba el expediente suponía un mayor coste para abonamiento del IVA, «todo esto por el capricho de firmar antes de que Prohens fuera presidenta cuando las viviendas no se podían ocupar».

«Se pretendía, entonces, la adquisición por un 40% más del precio máximo tasado por viviendas de protección oficial», ha sentenciado Vidal.

También la consellera ha mencionado los motivos de legalidad que llevaron a revocar el acuerdo, entre ellos que «se trataba de una operación deficitaria que vaciaba las arcas del Ibavi», que generaba un déficit inicial «más que sustancial» o que «contaba con informes técnicos desfavorables que exponían claramente que era una operación deficitaria».

Asimismo, ha recordado que no constaba ningún informe jurídico del Ibavi ni tampoco la memoria exigible para realizar los actos por parte de un gobierno en funciones, como era por aquel entonces el de Francina Armengol, y ha criticado, además, que se adoptó la decisión de formalizar la compraventa sin cumplirse los requisitos necesarios para que sean viviendas aptas para ser ocupadas.

«No dispusieron de licencia de primera ocupación ni de cédula de habitabilidad, siendo esta una condición estipulada en el contrato sobre el que hay que cumplir», ha censurado Vidal.

La consellera, por último, se ha referido a los motivos que le llevaron a remitir el caso a Fiscalía «desde la más absoluta imparcialidad» y sin hacer «ninguna valoración», porque «es muy serio acusar a alguien», ha reprochado a la oposición.

Así, ha dicho que el primer motivo que le generó dudas fue el hecho de «forzar la firma cuando no se cumplían las condiciones porque las viviendas no eran habitables», es decir, «no había urgencia ninguna».

También ha mencionado el informe económico que revelaba que «los ciudadanos de Baleares debían pagar por el capricho una diferencia de 2.736.017 euros», o el hecho de que la operación se realizara cuando estaban en funciones.

«¿Por qué, sabiendo que no se cumplía la ley y que no se podía hacer esta actuación sin una memoria que justificase la urgencia, querían tirar la operación adelante?», se ha preguntado la consellera, cuestionando así las «prisas» del anterior Govern para comprar los pisos.

El PSOE defiende la compra y ataca a Vidal

La diputada socialista Mercedes Garrido, durante su intervención, ha censurado la «incompatibilidad evidente» de Vidal para ostentar su cargo, a quien ha señalado por «ocultar en su declaración de intereses que en los seis meses anteriores a su nombramiento era apoderada de una empresa que está en los Papeles de Panamá».

En esta línea, ha pedido a Vidal que «deje de mentir», porque, según ha opinado, «ya es hora de que dé explicaciones detalladas de sus relaciones con empresas inmobiliarias» que «la incapacitan» como consellera de Vivienda.

Al mismo tiempo, Garrido ha defendido la gestión del anterior Govern, asegurando que la compra se hizo «en funciones falsas», porque «todavía no se habían celebrado las elecciones». «Son las grandes mentiras que lleva desde los primeros días, señora Vidal. Dijo que el Govern no podía hacer esta actuación, pero no es cierto, porque no estaba en funciones, estaba en plenas facultades», ha sentenciado.

Vox no da crédito

Por su parte, el diputado de Vox Agustín Buades ha criticado haber escuchado «lo injustificable» este martes, tildando de «increíble lo que se ha oído hoy aquí». Así, ha afeado al PSIB-PSOE que se crea que «con el dinero de los contribuyentes puede hacer lo que quiere» y ha ironizado con que ahora los socialistas reprochen a Vox los 20 millones de euros de libre elección de lengua.

«Por el gran esfuerzo que realizó el anterior Govern en la creación de un amplio parque de viviendas que aún estamos buscando, para personas en situaciones vulnerables, para personas asequibles y adaptadas a la situación económica, se utilizó esta compra como una de las medidas que justifica, cerca de unas elecciones, la ampliación de un famoso parque público de vivienda. ¿Me recuerda esto al escudo social? Una mentira como una casa», ha censurado Buades.

Así, se ha pronunciado en la misma línea que Vidal, considerando que la «urgencia de adquisición en ningún momento estaba justificada, pero la urgencia de desistir de esta operación sí lo está», ha concluido.

Més habla de especulación inmobiliaria

El siguiente en hablar ha sido el diputado de Més per Mallorca Ferran Rosa, quien ha empezado su intervención recordando que la solicitud de comparecencia de la consellera fue hace más de cuatro meses.

Durante su discurso, el diputado ha cuestionado la postura del PP en materia de política pública y ha preguntado si pretenden invertir para paliar la «especulación inmobiliaria» o si, por contra, «lo confían todo al mercado». «El problema de este expediente es que, justamente, el Govern ha contribuido a lo contrario, a eliminar 88 viviendas que podían dar respuesta a las necesidades de las familias», ha sentenciado.

De su lado, la diputada de Unidas Podemos Cristina Gómez ha dicho tener «más dudas que certezas» tras la comparecencia de Vidal, y ha criticado que remitiera el caso a Fiscalía «sin antes haber usado los recursos que tenía como consellera». También ha sentenciado que «los números no salen de ninguna manera».

Por último, el portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha lamentado estar «frente a un escándalo perpetrado por el Govern que dirigía la señora Armengol», reprochando al anterior Ejecutivo que fueron ellos quienes intentaron «una operación ruinosa».