El Govern sanciona al bar que permitió a Armengol tomar copas fuera de horario pero no cobra la multa

OKDIARIO tiene acceso al expediente abierto al Hat Bar donde la presidenta tomaba copas a las 02.10 de la madrugada

El Govern sancionó al propietario del bar con 750 euros pero alega que no ha podido localizarle para cobrar la multa

El informe de la Policía Local confirma que Armengol estaba en el interior del bar y no en la calle como dijo el Govern

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Armengol
Dos documentos del expediente sobre el caso Hat Bar.
Miquel Ángel Font

El Govern balear impuso una sanción de 750 euros al dueño del bar que permitió que la presienta balear, la socialista Francina Armengol, tomara copas a altas horas de la noche en pleno auge de la pandemia  pero no la ha cobrado ni parece que la vaya a cobrar. La excusa ha sido que el dueño del Hat Bar no ha podido ser localizado a pesar de que el Ayuntamiento de Palma, gobernado también por el pacto de izquierdas con el alcalde socialista José Hila al frente, dispone de todos los datos del propietario dado que figuran en la licencia de actividad.

El 7 de octubre de 2020, en plenas restricciones por la pandemia impuestas por la propia Armengo,  la Policía Local de Palma fue alertada por los vecinos de una calle del centro histórico por el jaleo que originaba el Hat Bar, que estaba abierto más allá de la una de la madrugada. En aquellas fechas la 01,00 era la hora límite de cierre para los establecimientos con la categoría de bar restaurante.

La Policía se personó en el bar a las 02,10 horas y tramitó el acta de denuncia sólo contra el propietario del bar y no contra los clientes que estaban en su interior como establecía el procedimiento marcado por la normativa anti Covid. En el acta de denuncia, el dueño del bar, Álex Rodríguez, manifestó que no está de acuerdo con la sanción porque si no había cerrado a la hora establecida era porque dentro del local estaba la presidenta Francina Armengol.

Concretamente, en el acta levantada por la Policía Local y a la que ha tenido acceso OKDIARIO, puede leerse textualmente lo siguiente en referencia a la alegación del dueño del Hat Bar:  «Quiere manifestar su desacuerdo con la denuncia manifestando que no cerró antes porque dentro del local había una autoridad, la presidenta del Govern balear».

Al Govern, evidentemente, le costó actuar contra Álex Rodríguez, la persona que permitió la estancia de la presidenta en su local a las 02.10 de la madrugada, pero no tuvo más remedio que tramitar la denuncia de la Policía Local de Palma. En cumplimiento de la normativa anti Covid, este tipo de denuncias las tramita la Conselleria de Presidencia e Interior, que preside la socialista Mercedes Garrido.

La Conselleria de Presidencia tramitó la sanción e impuso una multa de 450 euros al Hat Bar que ahora se ha transformado en 750 euros al haber transcurrido el plazo del pronto pago. Sin embargo, la multa no se ha cobrado.

Álex Rodríguez no pudo soportar las pérdidas económicas que le supusieron el cierre de los locales de ocio nocturno y clausuró el bar. La Conselleria de Presidencia alega que en dos ocasiones ha intentado comunicarle la sanción impuesta pero que no ha conseguido localizarle.

En el expediente sobre el caso Hat Bar figuran los documentos que demuestran los intentos fallidos de localizar a Álex Rodríguez pero no figura ninguna actuación adicional para cobrar la multa como sería dar traslado a la Agencia Tributaria para que procediera al embargo, tal como marca el procedimiento habitual.

En la documentación entregada por la Conselleria de Presidencia no figura tampoco sanción alguna a los clientes del Hat Bar que incumplieron la normativa anti Covid y que eran la presidenta Armengol y cuatro miembros de su equipo. Lo reglamentado era sancionar a todos los clientes y permitir que éstos tuvieran la oportunidad de presentar alegaciones como hizo el propietario del bar.

Sobre todo lo sucedido en el Hat Bar en la madrugada del 7 de octubre de 2020 hay todavía muchas sombras y muchas más en lo que se refiere a la actuación posterior del Ayuntamiento de Palma y del propio Govern. Existen dudas debido sobre todo a la tardanza de la Comisión de Transparencia en elaborar el informe que ha solicitado la oposición. Esta Comisión de Transparencia depende del vicepresidente del Govern, Juan Pedro Yllanes, de Unidas Podemos.

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