El Govern de Armengol se enfrenta a multas de cientos de millones por frenar urbanizaciones autorizadas

El Govern se enfrenta al pago de indemnizaciones de cientos de millones de euros por la paralización de los proyectos urbanísticos en aplicación de la ley de medidas urgentes aprobada por el anterior Pacte que presidía Francesc Antich. Es la denominada ley 4/2008 que supuso la desclasificación de muchos terrenos urbanizables cuyos propietarios presentaron en su momento unas demandas judiciales que ahora los tribunales empiezan a resolver.

La última sentencia, y las más dura, ha sido la del Tribunal Superior de Justicia de Baleares que obliga a indemnizar a la empresa Birdie Son Vida, propiedad del empresario Matthias Kühn con 63,5 millones más intereses por la desclasificación de los terrenos denominados Muleta II, junto al Port de Sóller. La suma total de la indemnización a pagar con los intereses es de 91,5 millones.

Pendiente de resolución está la acusación de la Asociación de Afectados por la Ley 4/2008 que denunció diversas irregularidades y casos de favoritismo en la protección de los terrenos de El Vilà de Pollença, ubicados a escasos kilómetros del Puerto. Esta asociación asegura que el Govern ideó la ley de medidas urgentes no para proteger el territorio sino para favorecer a ciertos promotores en perjuicio de otros.

Según la Asociación de Afectados, la explosión de la burbuja del ladrillo en 2007 provocó que el mercado inmobiliario se encontrara con un excedente de oferta y que la única fórmula posible para que los precios no se desplomaran era reducirla. La Asociación de Afectados por la Ley 4/2008 ha presentado diversas demandas judiciales, algunas de ellas ya resueltas y otras pendientes de recurso.

En Pollença, aparte del tema de Es Vilà hay otro caso paradigmático como es Cala Carbó, donde hay pendiente de resolución demandas por la protección de la zona.  El TSJB ya condenó a pagar 5,6 millones de euros a propietarios de varias parcelas de Cala Carbó.

En Andratx, el Govern fue condenado a pagar 26 millones por la protección de Biniorella pero hay más demandas pendientes que suman una reclamación de indemnizaciones de 45 millones.

A todo esto añadir las reclamaciones por la protección de Son Bosc, Son Baco, Es Guix y Es Creuers. En Ibiza hay cuatro grandes proyectos paralizados pendientes de resoluciones judiciales como son los de Benirrás, Roca Llisa, Punta Pedrera y Ses Feixes de Vila.

Las reacciones

El portavoz de Vox en el Parlament, Jorge Campos, denuncia que «los ciudadanos acaban pagando los caprichos socialistas». Campos ha recordado que desde las legislaturas de Francesc Antich y con los sucesivos cambios reguladores de los socialistas «se han disparado las sentencias que fijan indemnizaciones para los perjudicados».

«Una vez más el pueblo tiene que pagar la incompetencia política de los gobiernos de izquierda», ha indicado para después añadir: «Ya en el año 2018 había sentencias firmes por más de 218 millones de euros en indemnizaciones por aquello que se llamó la Ley Antich. Y eso lo pagan los ciudadanos. Ahora una nueva condena que suma 91,5 millones con intereses».

La coordinadora autonómica de Ciudadanos, Patricia Guasp, califica de «total gravedad» la condena del TSJB al Govern por la proteccion de los terrenos de Muleta II de Sóller. Guasp afirma que se trata de «un nuevo varapalo» para el Govern que va a costar a los bolsillos de los ciudadanos «casi 100 millones de euros». «Va a tener que sacarlo del presupuesto actual y el fondo de contingencia sólo contemplan 75 millones por lo tanto de dónde va a recortar el Govern», se ha preguntado.

Desde el Govern, la consellera de Presidencia, Mercedes Garrido, ha defendido el modelo territorial del Govern «progresista y de izquierda» basado en la protección del suelo, frente al del PP con un modelo «de urbanismo a la carta».

Además de recordar que el Govern recurrirá el auto de la Sala Contencioso Administrativo del TSJIB, Garrido ha trasladado su respeto por la decisión judicial pero ha recalcado que no comparte el contenido. Precisamente, este lunes por la tarde la Conselleria ya comunicó que seguirán adelante con el proceso judicial.

Así, Garrido ha recordado que fue el ex conseller Gabriel Company, durante del Govern del ‘popular’ José Ramón Bauzá, quien aprobó un Decreto Ley para permitir construir en Muleta a pesar de no tener servicios.

«Lo que hace el Govern progresista mediante otro Decreto Ley es derogar esa imposición», ha subrayado Garrido, quien ha indicado que el acuerdo era entre el PP y el empresario Matthias Kühn sobre Muleta.

De este modo, la consellera ha defendido el modelo territorial del Govern actual, basado en la conservación del territorio y la protección del suelo. «El PP practica un urbanismo a la carta y depredador de las Islas», ha finalizado, a la vez que ha añadido: «Una parte importantísima de que seamos el principal motor turístico del Estado es precisamente debido al gran paisaje que tenemos».