Los espías del catalán denuncian a un guardia civil balear por pedir a un infractor hablar en español

La Plataforma per la Llengua, los denominados espías del catalán que vigilan que no se hable en español y que han sido contratados por el gobierno socialista de Mallorca para erradicar el español en esta isla (217.000 euros), han denunciado a un guardia civil de Baleares por pedir a un motorista infractor que hablara en castellano.

Los hechos ocurrieron el pasado 26 de julio, en concreto en la carretera que une las localidades mallorquinas de Artà y Capdepera, cuando el motorista y funcionario en cuestión fue multado por circular a una velocidad demasiado baja.

Al ser interpelado, responderle en catalán y no entenderlo, uno de los agentes le solicitó que hablara en español a lo que aquel se negó alegando que el catalán es oficial en Baleares. Tras volver a solicitarle que usara el castellano, simplemente «por educación» y el infractor no hacerle caso, el agente se negó a continuar la discusión. Entonces, el motorista aprovechó para reprocharle que no supiera catalán si había venido a trabajar a Baleares, como si el conocimiento de esta lengua fuese un requisito para ser destinado a las Islas.

«Yo me voy a la península, a hacer trabajo de funcionario a Madrid y yo sé castellano. Si tú eres funcionario y te han traído aquí y no sabes catalán, no es mi problema», afirmo el infractor, que en ningún momento tuvo en cuenta la cooficialidad del castellano en Baleares, ni el ruego del agente para que no le hablara en catalán, sencillamente, porque no lo entendía.

La organización ampliamente subvencionada en Cataluña y Baleares por el Govern de la socialista Francina Armengol ha afirmado en un comunicado que está ahora estudiando las acciones legales pertinentes para defender los derechos lingüísticos del ciudadano multado, como recoge el Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares, porque asegura que ningún trabajador público tiene derecho a exigir a un ciudadano que no hable en una lengua oficial.

A su juicio, además, según el mismo régimen disciplinario de la Guardia Civil (Ley Orgánica 12/2007), la actitud de este agente puede ser sancionable, dado que la discriminación y el acoso por, entre otros motivos, razón de lengua, es una infracción muy grave.

Sin embargo, la entidad, que también se dedica a denunciar a los profesores universitarios de Baleares que usan el castellano para impartir sus clases, obvia el hecho de que el Estatuto básico del empleado público no obliga individualmente a los funcionarios estatales a saber catalán y sólo señala que la Administración tiene que organizarse para que la atención en las lenguas cooficiales esté disponible para los trabajadores públicos.

Se da la circunstancia de que estos hechos coinciden con la última campaña contra el castellano que ha puesto en marcha este mes de diciembre esta plataforma en colaboración con el Govern de Armengol, en la que insta a la población de Baleares a erradicar el español a pie de calle y a emplear, únicamente, la lengua catalana.

Una campaña que lleva por título Activados por la Lengua, en la que exigen a los catalanoparlantes hablar en catalán «sea cual sea la lengua de tu interlocutor», alegando que «si alguien no te habla en catalán, no quiere decir que no lo entienda», e instando a exigir la imposición de esta lengua en aquellos servicios y establecimientos en los que no está disponible, reclamando «el derecho a vivir plenamente en catalán», presentando reclamaciones y quejas.