Desahucian en Menorca a una madre y a su hija con discapacidad del piso en el que vivían desde hacía ocho años

Ocho años de vida entre cuatro paredes han llegado a su fin este lunes por la mañana en Maó. Carmen Prado y su hija con discapacidad han sido desahuciadas del piso en el que residían en la calle Sant Sebastià, ejecutando así la sentencia judicial derivada de la demanda interpuesta por el propietario para recuperar el inmueble.

La comitiva judicial ha llevado a cabo el desahucio con el cambio de cerradura en una jornada marcada por un despliegue de seguridad notable. La Policía Nacional, junto con la Policía Local, blindó la zona cortando el tráfico y el acceso peatonal en el tramo afectado, bloqueando además las vías adyacentes con vehículos patrulla.

Aunque el operativo avanzó con lentitud y sin incidentes graves, en la calle resonaron las quejas de un pequeño grupo de manifestantes que denunció la «injusticia» del caso, dirigiendo sus protestas hacia el alcalde de Maó, el Ibavi y la presidenta del Govern, Marga Prohens (PP).

La situación personal de las afectadas añade una carga especialmente delicada al desenlace. Carmen salió de la vivienda junto a su letrada, Cristina Gómez, mientras que su hija permaneció dentro unos minutos más debido a un estado de nerviosismo. Según relató la madre, la joven presenta una discapacidad mental del 68 % y necesita una bombona de oxígeno para respirar. Tras la pérdida de su hogar, ambas serán realojadas de forma temporal en la Casa de Acogida de Maó a través de los Servicios Sociales.

La relación con el inmueble se remontaba a 2018, cuando entraron a vivir en este bloque de obra nueva mediante un contrato de tres años a razón de 700 euros mensuales, ampliado al menos un año más por el dueño. Concluidas las prórrogas, el titular continuó la vía legal hasta lograr la posesión de la finca. Carmen aún dispondrá de un margen de días para retirar sus enseres, tarea que ya comenzó este lunes con la ayuda de dos amigos que sacaban bolsas de la casa.

En paralelo, la vía judicial no se da por cerrada. La abogada Cristina Gómez, ex diputada de Unidas Podeoms, ha confirmado la admisión a trámite de un recurso ante el Tribunal de Instancia amparado en el decreto ‘Maricarmen’.