El cierre de una decena de chiringuitos de playa por el Govern dejará en el paro a 200 trabajadores

Las buenas expectativas turísticas de la temporada ya en curso no son compartidas por todos los trabajadores de las Islas del sector de la restauración y hostelería, en especial, más de 200 empleados de una decena de chiringuitos de las playas de Baleares que pueden verse en la calle por la cruzada emprendida por el Govern de Armengol contra estas instalaciones a pie de costa.

Los informes contrarios de la Conselleria de Medio Ambiente que lidera el conseller independentista, Miquel Mir, a Demarcación de Costas, deja en el aire la renovación de múltiples concesiones.

La relación incluye los tres chiringuitos de Ses Casetes des Capellans en la localidad mallorquina de Muro (Can Gavella, Ponderosa Beach y Olimpia Opa & Oma), cuyo cierre dejará sin trabajo a 90 personas; la eliminación de tres de los siete chiringuitos del Parque Natural de Es Trenc; la denegación de permisos de los dos chiringuitos de Ses Salines, o la desaparición del ubicado en Sa Font de n’Alis en el Parque de Mondragó, en Santanyí, entre otros.

A ello hay que sumar la reducción de hamacas y sombrillas en Cala Sa Nau, s’Arenal de Porto Colom o Cala Marçal, así como los retrasos en las concesiones de los servicios de playa en Alcudia, Santa Margalida, Sant Llorenç o Platja den Bossa y Ses Salines en Eivissa.

Ante esta realidad, el diputado del PP en el Parlament balear, Javier Bonet, recriminó al conseller Mir, en la sesión de control al Ejecutivo de Armengol celebrada hoy en la Cámara balear, los «informes sectarios» de Medio Ambiente.

«Tenemos una Ley de Costas desde 2013 y no ha habido ningún problema hasta ahora», expuso el diputado popular, al que no le cuadra «que los técnicos hayan cambiado su criterio justamente este año».

«Mismas leyes desde el año 2013, pero justamente este año, los técnicos han cambiado sus criterios, sin presión de nadie, sin ninguna directriz sectaria, ni ninguna orden ideológica. ¿Qué casualidad no?», ironizó Bonet, a la vez que criticó que estos «informes ideológicos van mucho más allá de la Ley de Costas» y «rompen con el equilibrio entre la protección de los espacios naturales y la actividad económica».

«No me hable de informes sobre el nivel del mar, de la desaparición de las playas, del cambio climático porque no tiene ninguna relación con la instalación de un chiringuito desmontable en la playa», remachó Bonet.

El conseller independentista de Més por su parte, reconoció que el Govern hace informes, «y los hace con connotaciones ambientales». Sobre el caso de Ses Casetes de Es Capellans, apuntó además que el Ejecutivo «ya había emitido informes desfavorables, igual que lo hace ahora, aunque Demarcación de Costas, al no ser vinculantes, había determinado que correspondía la autorización, hasta ahora, cuando ha decidido que no».

Desde Vox, el diputado y portavoz, Jorge Campos, defendió que frente a las restricciones del Ejecutivo de Francina Armengol, «decimos sí a los chiringuitos de playa, y no a sus chiringuitos públicos que nos cuestan millones de euros, para mantener a su corte de enchufados».

Campos aseguró que bajo el pretexto de regenerar el ecosistema de las playas se envía al paro a decenas de trabajadores, y se deja sin sustento a familias enteras que viven de estos negocios, algunos desde hace más de 50 año y que suponen una oferta de calidad. «Proteger los espacios naturales es compatible con la actividad económica. La que es incompatible con el medio ambiente y la economía es Armengol».