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CAEB rechaza limitar la compra de viviendas a no residentes en Baleares: «No ataja el problema»

Planas: "La falta de vivienda es un problema de difícil solución que requiere de medidas de calado, no improvisadas"

Planas: “El mejor escudo social es que las empresas mantengan su actividad y generen empleo”

Carmen Planas reclama «un REB permanente, no temporal»

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Charla-coloquio 'Apuntes sobre actualidad del sector inmobiliario y de la construcción en Baleares', organizada en CAEB por KPMG
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La presidenta de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB), Carmen Planas, ha rechazado este viernes limitar la compra de viviendas a no residentes o gente que lleva menos de cinco años viviendo en Baleares. «No ataja el problema de nuestro mercado inmobiliario. Las soluciones son otras y deben ser consensuadas entre el Govern y el resto de los actores implicados», ha señalado.

Así lo ha indicado Planas y recoge Europa Press, durante la charla-coloquio Apuntes sobre actualidad del sector inmobiliario y de la construcción en Baleares, organizada por KPMG.

En su intervención, Planas ha recordado que en Baleares hay «una demanda muy superior a la oferta en todos los segmentos y tipologías». «Es un problema de difícil solución que requiere de medidas de calado, no improvisadas, porque el sector inmobiliario de estas Islas sigue siendo enormemente atractivo para los no residentes, que ven oportunidades tanto de negocio como de segundas o primeras residencias», ha añadido.

El socio-responsable de KPMG en Baleares, Francisco Albertí, ha afirmado que la falta de vivienda «merece un debate profundo para buscar soluciones habitacionales como son la agilización de la normativa para que constructores y promotores hagan promociones de vivienda asequible a las que los habitantes locales que no tienen medios o ayudas tengan acceso».

En opinión de Albertí, la solución al problema «no es prohibir la compra a los no residentes, ya que éstos también son los nacionales que vienen de la Península como médicos o policías, que deben poder acceder a la vivienda en Baleares». «También los esperados fondos europeos incluyen ayudas a la regeneración urbana, rehabilitación de viviendas y, además, necesitamos un marco legal que aumente el número de vivienda de protección oficial o vivienda tasada de promoción privada con unos precios que sean rentables», ha apuntado.

Por su parte, la directora general de la Asociación de Constructores de Baleares, Sandra Verger, ha afirmado que se trata de «una propuesta inviable que va en contra de los principios básicos de la Unión Europea de libre circulación de personas y capital, y no soluciona el problema de vivienda en Baleares».

Este tipo de medidas «no ayudan a construir vivienda asequible». «El precio de la vivienda se ha incrementado en los últimos años entorno a un 50% pese a las medias y limitaciones promovidas desde la Administración. Limitar la compra por parte de no residentes provocará el mismo efecto, no es la solución», ha remarcado.

Para Verger, la solución «es construir vivienda asequible en suelo ya urbano, concentrado mayoritariamente en Palma y Calvià, que está pendiente de planes generales en revisión, que se tienen que aprobar y que pueden tardar 10-15 años en empezar a construir». «Se tienen que agilizar los trámites. Otra solución es incrementar alturas, densidades; tenemos territorio limitado, pero hay otras opciones para no consumir más», ha señalado.

Un sector que crea empleo

Por otro lado, la presidenta de la patronal ha defendido que la construcción es «uno de los sectores punteros del tejido empresarial, clave, además, en una geografía limitada donde el consumo de territorio está muy condicionado y donde la sostenibilidad es un objetivo ya irrenunciable». «Un sector que tira del empleo y que, además, ha sido el primero en las Islas en recuperar completamente el agujero económico que dejó la pandemia», ha destacado.

Ha recordado también que entre los problemas que afectan al sector está «la subida de los precios de los materiales de construcción por culpa de la inflación, que ha afectado y está afectando a todo el tejido empresarial». Ante esta situación, ha considerado la indemnización que el Govern ha aprobado para que las empresas constructoras puedan seguir asumiendo obras públicas sin que queden desiertas, «enderezará parcialmente la situación», pero «no compensará la totalidad de los sobrecostes».

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