El Ayuntamiento de Mallorca donde se empadronaron 400 inmigrantes ilegales endurece su control interno

El Ayuntamiento de Alcúdia (Mallorca) donde un funcionario empadronó a 400 inmigrantes ilegales endurece su control interno para intentar que no vuelva a suceder un caso así u otros casos de corrupción, entre empleados públicos o políticos. Para ello el gobierno de coalición de PP y Vox liderado por Fina Linares, ha aprobado un código ético.

El trabajador público en cuestión, llevaba empadronado a inmigrantes desde noviembre de 2023 y empleaba la firma de la alcaldesa y del secretario municipal inscribiéndolos en domicilios que no existían, en solares en los que no había construcción alguna, o en viviendas que no estaban siquiera acabadas.

El nuevo código ético que está en estos momentos en exposición pública tras su refrendo por el pleno, establece los criterios y las normas de conducta que deben observar en las actuaciones públicas los cargos públicos municipales, a fin de favorecer el desarrollo de una administración municipal íntegra, transparente, eficaz y eficiente.

Por ello la nueva normativa municipal que entrará en vigor si no hay alegaciones el próximo mes de noviembre, recoge que la gestión de los recursos públicos debe realizarse con eficiencia, transparencia y responsabilidad.

«Se deben usar y aplicar adecuadamente los recursos públicos y los deben administrar con sobriedad. A tal fin, deben abstenerse de hacer un uso impropio de los bienes y servicios que la Administración pone a su disposición por razón del cargo que ocupan, deben hacer un uso responsable y limitar los gastos».

El funcionario detenido el pasado mes de septiembre trabajaba en el departamento de contratación, y estaría cobrando unos 1.000 euros a cada inmigrante ilegal para regularizar su situación y poder empadronarse, con la finalidad de acogerse a múltiples ventajas y ayudas institucionales.

Aunque, en un principio, el gobierno municipal pensó que el empadronamiento fraudulento podría haberlo realizado alguien ajeno al Consistorio, poco después comprobaron que era obra de un funcionario que accedía al edificio en el que está ubicado el departamento de Estadística por las tardes, cuando las oficinas están cerradas.

Una vez identificado el sospechoso, y ante la posibilidad de que hubiera más casos similares, pusieron los hechos en conocimiento de la Guardia Civil, que inició la correspondiente investigación.

Ahora con el nuevo código ético en la mano, el personal eventual y los cargos públicos municipales tendrán que firmar una declaración de adhesión, y se comprometen, entre otras cuestiones, a garantizar la imparcialidad en las actuaciones, sin que ningún interés personal o familiar pueda condicionarlas, y que ningún interés corporativo pueda colisionar con éste principio, algo que en el citado caso de empadronamiento fraudulento no sucedió.

Además deberán cumplir con su actividad pública teniendo en cuenta los principios de transparencia en la gestión y accesibilidad a los ciudadanos y, como se remarca en este código ético, «no deben obtener ningún privilegio o ventaja injustificada, beneficiándose de su condición».

Por último el reglamento establece que la gestión de los recursos públicos debe realizarse con eficiencia, transparencia y responsabilidad.

«Se deben usar y administrar con sobriedad y a tal fin, deben abstenerse de hacer un uso impropio de los bienes y servicios que la Administración pone a su disposición por razón del cargo que ocupan» instando por ello a hacer «un uso responsable y limitar los gastos» en materia de recursos públicos.