Armengol oculta a la Oficina Anticorrupción de Baleares la declaración de renta y patrimonio de 2022

La ex presidenta socialista del Govern, Francina Armengol, actual presidenta del Congreso de los Diputados, ha incumplido de forma flagrante y manifiesta el plazo para la presentación de la declaración de la renta y patrimonio de 2022 ante la Oficina Anticorrupción del Parlament balear, tras las elecciones autonómicas del pasado 28 de mayo que supusieron su derrota en las urnas.

Armengol tenía hasta finales del pasado mes de julio para entregarla como ha venido haciendo a lo largo de las anualidades anteriores, donde siempre la presentó, entre los meses de junio y julio.

En esta ocasión no ha sido así, y tras perder los pasados comicios autonómicos, la hoy presidenta de la Cámara Baja ha olvidado sus deberes de transparencia, tras marcharse de Baleares a la política nacional, como diputada del PSOE de Pedro Sánchez en el Congreso.

El tercer cargo institucional nacional de mayor rango, incumple así sus deberes y responsabilidades con la denominada Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en Baleares que ella misma creó presidiendo el Ejecutivo balear en 2016.

Armengol está, en estos momentos, vulnerando el artículo 25 de la Ley 16/2016 de creación de este organismo que obliga a todos los cargos públicos a formular en el registro de declaraciones y actividades una declaración patrimonial, comprensiva de la totalidad de sus bienes, derechos y obligaciones patrimoniales, intereses y actividades, hasta seis meses anteriores a su nombramiento.

Algo que se le comunica a todos los altos cargos públicos nada más tomar posesión, y que están obligados a hacer anualmente, y cada vez que haya modificaciones en su renta o patrimonio.

Entre la información que deben transmitir los cargos públicos figura «la totalidad de sus bienes, derechos, obligaciones y actividades», según el citado texto legal autonómico, así como cualquier alteración o modificación que se produzcan en salarios y bienes patrimoniales, durante los años en los que esté en funciones.

Armengol dimitió el 19 de junio como presidenta de Baleares para poder encabezar lista del PSOE balear al Congreso de los Diputados en las generales de julio, y ni antes de irse a la capital de España ni después, una vez asentada en la presidencia del Congreso, ha cumplido con sus obligaciones con la Oficina Anticorrupción.

Como ha sucedido con otros casos de incumplimientos por parte de políticos del anterior gobierno de socialistas, independentistas de Més y Podemos, se desconoce si la Oficina Anticorrupción liderada por un ex alto cargo socialista, Cristóbal Milán, ha procedido a sancionar con los 1.000 euros de rigor a Armengol, al no hacerse pública esta circunstancia.

Una manga ancha con las formaciones del anterior Ejecutivo de izquierdas y una inoperatividad que ha llevado al nuevo Govern del PP de Marga Prohens, a impulsar el cierre de este organismo, algo que ya defendieron los populares estando en la oposición.

El propio portavoz del gobierno autonómico, Toni Costa, apuntaba la semana pasada que es un ente prescindible y lo achacó a varias razones.

En primer lugar, porque presenta funciones duplicadas y las ejerce peor que otros entes con las mismas finalidades, tiene un coste de 1,5 millones de euros y, por no mantenerse neutral e independiente en casos que afectaban al Govern anterior de Armengol, no actuando en cuestiones como la negligente noche de copas, en la que la presidenta socialista del Ejecutivo se saltó las restricciones Covid durante la pasada pandemia.