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El alcalde socialista de Palma multiplica por veinte el impuesto para obras de seguridad en los edificios

Alcalde de Palma
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Con la cesta de la compra más cara de España, a las puertas de un invierno más que incierto en materia económica, y con miles de palmesanos pidiendo cita en las oficinas de empleo por el fin de la temporada turística, el alcalde socialista de Palma, José Hila, multiplica por veinte el impuesto para obras de seguridad en los edificios.

Un tributo que estaba bonificado a un 95% para todas aquellos trabajos de reforma derivados del Informe de Evaluación de las Edificaciones (IEE), que están obligados a obtener todas las construcciones de la capital balear que tengan más de 50 años de antigüedad.

Una medida de ahorro para el bolsillo de los contribuyentes palmesanos, que estaba en vigor desde hace casi 20 años (fue aprobada por la exalcaldesa del PP, Catalina Cirer en 2004), y que fue implantada a instancias de los técnicos de la Concejalía de Urbanismo, con el fin de facilitar a los propietarios de pisos, locales o cualquier clase de inmueble, pasar voluntariamente el chequeo municipal obligatorio al estado de sus inmuebles.

Una bonificación que el alcalde socialista de Palma a instancias de su compañero de filas, el concejal de Hacienda, Adrián García, ha decidido eliminar, y cuya supresión fue tramitada de urgencia, con nocturnidad y alevosía en el último pleno municipal, sin que el gobierno de coalición de socialistas, independentistas de Més y Podemos, diera cuenta de ello a los medios de comunicación.

Esta modificación de la ordenanza fiscal fue aprobada inicialmente con los votos a favor del gobierno municipal, y se encuentra en estos momentos en exposición pública, en periodo de alegaciones.

La justificación que dio el equipo de para adoptar esta medida es que «tenía dudas» de la legalidad jurídica de esta bonificación al afectar sólo a obras de seguridad.

Una excusa bastante peregrina, si tenemos en cuenta que 18 años después de su aprobación, nadie había alegado en contra de una bonificación cuya supresión van a pagar bien caro los más de 10.092 palmesanos a los que el alcalde Hila, ya ha remitido una carta advirtiéndoles de que si no pasan la IEE de sus viviendas o locales antes de acabar el año, serán sancionados con 1.000 euros.

Se trata de los propietarios de viviendas de un total de 2.582 edificios (construidos en 1972 y entre 1931 y 1940) que estaban obligados este año a presentar este informe, y que ahora no sólo tendrán que hacerlo, sino que en caso de que este sea negativo y deban de realizar las obras de reforma pertinente como suele suceder en la mayor parte de los casos, tendrán que abonar el 100% del Impuesto de Construcciones y Obras (ICIO), y no como hasta la fecha, el 5% del mismo.

Todo un varapalo para el bolsillo de todos los ciudadanos, en especial, de los vecinos de barrios más humildes de Palma donde se ubican los edificios más deteriorados, construidos en el boom turístico de finales de los años sesenta, y cuyos propietarios están obligados a pasar la IEE.

Desde las filas de la oposición, el exteniente de alcalde de Hacienda y concejal del PP en la oposición, Julio Martínez, expresó su rechazo a la supresión de esta bonificación porque, como recordó, «fue aprobada a instancias de los funcionarios de Urbanismo para que el Ayuntamiento no sacara beneficio de las obras de seguridad que obligaba a realizar a los ciudadanos».

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