Un hostelero afectado por una planta de biogás: «Mis clientes no soportarán oler toneladas de excrementos»

Este es la historia de Pablo, un hostelero que apostó por vivir en el mundo rural en La Almunia de Doña Godina (Zaragoza). Hace más de 25 años, levantó en un terreno en el que sólo había panizo un restaurante que bautizó en honor a sus raíces por parte materna, La Gallega. Hoy la continuidad de su forma de vida pende de un hilo por la amenaza de una planta de biogás a escasos 200 metros de su negocio.

La Gallega situada al pie de la carretera A-121, en el municipio de La Almunia (Zaragoza), se ha convertido, a base de esfuerzo y tesón, en uno de los establecimientos hosteleros referentes en la comarca de Valdejalón. Con capacidad para 382 comensales, es uno de los lugares clásicos para celebrar banquetes al ofrecer también zonas exteriores.

Sin embargo, desde que se anunciara la instalación en La Almunia de una planta de biogás de siete hectáreas a escasos 200 metros de su establecimiento, este restaurante está en serio riesgo de subsistencia dado que su actividad sería incompatible con la fábrica de metano que utilizará como materia prima miles de toneladas de excrementos de gallina.

«Si va adelante la planta, yo tendré que cerrar. Mis clientes no soportarán oler toneladas de excrementos. Ni yo tampoco. Mi restaurante está justo en frente, también mi casa y la de otros vecinos. ¿Es justo esta barbaridad? No es sólo una cuestión de un negocio perdido, sino que esta planta atenta contra la salud y también al medio ambiente, los terrenos son agrícolas», denuncia.

Dos plantas de biogás en La Almunia

La contaminación odorífera es la segunda queja medioambiental, después del ruido en el planeta, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Además, según estudios económicos realizados por profesores de la Universidad de Valladolid, todas aquellas propiedades que se encuentran en el perímetro se suelen devaluar entre 10-15%. En 2022, Alemania fue el primer país de la Unión Europea que comenzó a regular los límites de olor en el ambiente. España está todavía muy lejos de abrir este debate.

Las consecuencias se pueden observar con claridad en este municipio de La Almunia de Doña Godina. Si no se remedia antes, en poco tiempo este municipio tendrá dos macroplantas de biogás que tratarán miles de toneladas de excrementos de gallina y cerdo al año.

Se trata de la planta que instalará la multinacional BelEnergia, de 15 hectáreas, en el monte de La Cuesta y que amenaza la subsistencia de 38 pequeñas y medianas empresas situadas en el polígono del mismo nombre.

Y la planta Biogas DT que se instalará justo en frente del establecimiento de Pablo, junto a otras viviendas y que afectará también al municipio de Ricla, dado que los terrenos en los que se implantará son colindantes a este pueblo. De hecho, la primera de las casas de este pueblo sólo dista 400 metros con dicha planta.

Esta planta de biogás utilizará la gallinaza de granjas del Grupo Bailón, el mayor productor de gallinas de Aragón y uno de los más importantes de España. Según afirmaron en la presentación del proyecto, la producción de gas será de hasta 500 metros cúbicos a la hora.

Vehículos movidos por biogás

El negocio es muy jugoso si se tiene en cuenta que catapultaría a la Almunia de Doña Godina en uno de los referentes de innovación en materia de combustibles renovables. De hecho, en julio de 2022, coincidiendo con los anuncios de la instalación de estas plantas, la localidad recibió la distinción de Ciudad de la Ciencia y la Innovación por parte del Ministerio de Ciencia e Innovación.

El motivo se debió a que la empresa Biogas DT ya había construido una planta piloto para generar biogás a partir de excrementos de gallinaza, además de avanzar que el modelo sirve igualmente para procesar purines, estiércoles y residuos orgánicos.

El CEO de la compañía, Paul Nikitovich, destacó que era la primera vez en el mundo que un vehículo ligero (un camión de gas), funcionaba exclusivamente con biometano producido 100% de gallinaza. «La próxima será un tractor movido a gas, para mostrar a los agricultores y ganaderos otra posibilidad de uso para este gas», añadió por aquel entonces.

El biogás en España y la vida rural

Sin embargo, el entusiasmo del Ayuntamiento de La Almunia y del CEO de la planta de biogás, contrasta con la triste realidad que asola a cada vez más pueblos de España que tratan de llevar adelante su apuesta por el mundo rural con lo que ello implica (calidad de vida, ausencia de ruidos, contaminación) junto a estas plantas de reciclado de excrementos.

Los ejemplos son múltiples: Luchén en Valencia, Campillo en Málaga, Castropodame (León), Almansa (Albacete), y un largo etcétera. Desde hace varios años, plataformas como la fundada por Pablo, STOP PLANTA DE BIOGÁS, han surgido en otras localidades de nuestro país, que ya cuentan con una coordinadora nacional con el objetivo de lograr una legislación que regule su despliegue.

 

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«No estamos en contra de las plantas de biogás, sino de cómo lo están haciendo, a costa de los que vivimos en los pueblos. Desde los gobiernos hablan de luchar contra la despoblación, y sin embargo, nos están echando con la bandera del ecologismo. ¿Quién va a querer vivir donde sólo se van a acumular residuos y mierda?», denuncia Pablo.

«Estas compañías se están aprovechando del vacío legal que hay en estos momentos en España. No hay una legislación que regule estas plantas de biogás. A nivel nacional se quieren implantar unas 2.500 plantas de este tipo. Actualmente hay 150 proyectos activos», alerta.

«En toda esta comarca se cultiva una de las mejores cerezas del mundo. Cuando estén activas tanto esta planta como la del Polígono la Cuesta, no se va a poder respirar aquí ni por el olor, ni por las partículas que expulsará la chimenea. ¿No vamos a reaccionar?», denuncia.

Tanto Pablo como el Ayuntamiento de Ricla presentaron alegaciones al Estudio de Impacto Ambiental y al Proyecto Básico de Autorización Ambiental ante el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga). Sin embargo, son conscientes de que sólo el poder político y el activismo ciudadano pueden parar lo que consideran «una atrocidad».