El TSJA advierte: un recurso de la Fiscalía paralizaría el tercer grado al etarra asesino de Luis Portero

«Un recurso del Ministerio Fiscal paralizaría» la concesión del tercer grado autorizada por el Gobierno vasco para el preso de ETA Harriet Iragi, que fue condenado por los asesinatos del que fuera fiscal jefe de Andalucía Luis Portero, del concejal del PP José María Martín Carpena, en Málaga, y del médico militar Antonio Muñoz Cariñanos, en Sevilla, en el año 2000. Así de claro y rotundo ha sido este martes el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río.

Así lo ha señalado el presidente del TSJA en una entrevista en Canal Sur Radio en la que ha calificado de «política» la decisión de conceder el tercer grado a dicho etarra, y ha subrayado que «el tratamiento del terrorismo, con todo lo que ha supuesto de desgarro, de dolor para tantísimas personas, toca la fibra sensible de la sociedad y de las personas que más directamente se han visto afectadas» por él.

El presidente del TSJA ha señalado que decisiones como la concesión de ese tercer grado son «políticas, de la administración penitenciaria», y «pueden ser objeto de un recurso del Ministerio Fiscal que paralizaría el tema hasta que se resolviera».

Lorenzo del Río ha puntualizado que este tipo de decisiones se enmarcan en «la ley general penitenciaria tal como la tenemos», si bien ha sostenido que «hay que actuar con muchísima prudencia, con muchísima seguridad», y teniendo en cuenta que hay una serie de «requisitos añadidos» para que se pueda conceder un tercer grado en estos casos, como la petición de «perdón» y cuestiones derivadas de la «responsabilidad civil», del «cumplimiento de obligaciones o responsabilidades civiles pecuniarias», ha abundado.

Rebajas de condena

Por otro lado, sobre la reforma de la Ley sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea que se está tramitando actualmente en las Cortes Generales y que permitiría a los presos, incluidos los de ETA, conmutar las penas que han cumplido en el extranjero, lo que podría beneficiar a hasta 44 etarras, según la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), el presidente del TSJA ha recordado que en dicha ley orgánica de 2014 «se exceptuaba», en lo relativo a la acumulación de condenas, «aquellas sentencias dictadas con anterioridad a agosto, creo recordar, del 2010», ha puntualizado.

Ahora lo que se quiere hacer es «eliminar esa excepción», que «ha sido tratada y llevada a los tribunales y al Tribunal de Estrasburgo» de la UE, y «se ha entendido que era correcta a las directivas europeas», ha explicado el presidente del TSJA.

Por tanto, dicha reforma que ahora apoya el Gobierno para eliminar esa excepción «es una decisión que ha tomado el legislador ahora mismo, que algunos parece ser que no se han enterado, pero que no era una obligación, por así decirlo, de la directiva, porque ya estaba operativa con anterioridad», ha remarcado Lorenzo del Río.

El presidente del TSJA ha confirmado que, una vez que se «suprima» esa excepción que estaba introducida en esa ley orgánica del 2014, «sí que habrá que empezar a hacer unas liquidaciones de condenas computando esos años de prisión que sean por resoluciones judiciales distintas de los tribunales españoles».

Begoña Gómez

Por otro lado, el presidente del TSJA se ha pronunciado sobre la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid, conocida este pasado lunes, de rechazar el archivo del procedimiento que se sigue contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios, si bien ha considerado que es pertinente acotarlo para dejar fuera el bloque relativo a Globalia.

Lorenzo del Río ha sostenido que esta decisión de la Audiencia madrileña «hay que analizarla como deberíamos analizar todos los casos, dentro de la normalidad del trabajo de cada uno de los poderes del Estado o de las funciones que tenemos».

Seguidamente, ha remarcado que él «siempre» ha dicho que «hay que dejar trabajar a los jueces, que los jueces trabajen, para ver el resultado final» de la actuación, «el que deba de ser y respetarlo», ha zanjado.