Impuesto de Sucesiones

Teresa Rodríguez exige seguir arruinando familias en Andalucía con el Impuesto de Sucesiones

Teresa Rodríguez.
Teresa Rodríguez, líder de Anticapitalistas.

Para defender una ley para garantizar que al menos un 7% del Producto Interior Bruto (PIB) de Andalucía se destinara cada año a la sanidad pública de la comunidad, Teresa Rodríguez, líder de Adelante Andalucía (convergencia entre Podemos, IU, Anticapitalistas y más formaciones), ha echado en cara a la Junta de Juanma Moreno la eliminación del Impuesto de Sucesiones que ha arruinado a tantas familias.

Precisamente después de mandar al Gobierno de Juanma Moreno a ver de nuevo Barrio Sésamo, ha defendido que, para pagar el 7% del PIB se podría recuperar el Impuesto de Sucesiones que tanto daño ha hecho: «Esto es Barrio Sésamo, una cosa es mínimo y otra cosa es máximo», ha esgrimido.

«96 millones de euros al año por el agujero fiscal del impuesto de sucesiones, una rebaja fiscal que afecta sólo y exclusivamente a un 1% de la población en Andalucía», ha defendido Teresa Rodríguez, que cree que, con su recuperación, se contratarían «más de 2.000 médicos y médicas»  y «más de 3.000 enfermeras y enfermeros». «Utopía es pensar que uno puede agujerear fiscalmente e invertir las mismas cantidades que son necesarias en una sociedad», ha explicado.

El Parlamento tumba a Adelante

El Pleno del Parlamento andaluz ha rechazado este miércoles tomar en consideración una proposición de ley defendida por Adelante Andalucía que pedía garantizar que al menos un 7% del Producto Interior Bruto (PIB) de la comunidad autónoma se destine año a año a la sanidad pública.

Así lo ha acordado la Cámara autonómica una vez que los grupos parlamentarios del PP-A, Ciudadanos (Cs) y Vox ha votado en contra de la propuesta de Adelante Andalucía, que solo ha recabado el apoyo del PSOE-A.

En defensa de la iniciativa, la presidenta del grupo parlamentario de Adelante, Teresa Rodríguez, ha explicado que la misma persigue «blindar» la financiación del sistema sanitario público de la comunidad y acabar con las desigualdades dentro del sistema sanitario público, preparar a la sanidad andaluza para dar una respuesta eficaz a posibles futuras crisis, acabar con la precariedad que sufren profesionales y usuarios, y frenar la progresiva privatización para ampliar la cartera de servicios.

Según se recoge en el texto, la nueva norma pretendía una modificación de Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, a través de la cual se introducía, en primer término, dedicar al menos un siete por ciento del último PIB de Andalucía registrado a la financiación del Sistema Sanitario Público de Andalucía, para garantizar la solvencia del mismo y llevar a cabo las actuaciones que tiene encomendadas por el ordenamiento jurídico.

Igualmente, la norma garantizaría unos suelos de gasto del 20 por ciento en Atención Primaria y del dos por ciento en Salud Pública dentro de la financiación dedicada al Sistema Sanitario Público de Andalucía.

Con la aprobación de esta propuesta, como ha esgrimido Rodríguez, se podrá acometer «una reversión de los recortes» efectuados en la sanidad pública desde el año 2010 y fortalecer el Servicio Andaluz de Salud (SAS), toda vez que la pandemia ha dejado patente que «los recortes matan», y ha ensalzado el papel de la sanidad pública y sus profesionales como modelo que «salva al pueblo» en las condiciones más difíciles mientras la sanidad privada ha optado por «mantenerse en la retaguardia de la pandemia y proteger sus beneficios económicos».

Rodríguez ha pedido el apoyo de todos los grupos parlamentarios para conseguir que la sanidad andaluza cuente con financiación suficiente y equiparable al nivel de inversión sanitaria de la Unión Europea (UE), y porque «es un compromiso claro con los profesionales». Entre todo esto, ha aprovechado para defender el Impuesto de Sucesiones.

Posicionamiento

Para posicionar al PSOE-A, la diputada María José Sánchez Rubio ha saludado la proposición de ley de la confluencia, «más en el contexto de crisis sanitaria en el que estamos, que requiere un compromiso de financiación y blindaje con la sanidad andaluza». Ha defendido que se apruebe una garantía presupuestaria porque «cuando hay una crisis siempre recae primero en los sistemas de bienestar social, el sanitario entre ellos».

En nombre del PP-A, el parlamentario Pablo Venzal ha criticado la imprecisión que, a su juicio, tiene la iniciativa con varios «errores de técnica legislativa» y que es, en definitiva, una propuesta de «trazo gordo» que sería más acertado plantear mediante otras figuras parlamentarias como mociones o proposiciones no de ley.

Javier Pareja de Vega, diputado de Cs, ha considerado la propuesta un «canto de utopía» y critica que se basa en datos antiguos, que no tiene en cuenta la crisis que atraviesa ahora el país por el Covid-19 y no hace alusiones al Gobierno central «que ahora es el suyo». Además ha censurado que no sigan las recomendaciones de los servicios jurídicos y le ha exigido que «respeten la Constitución y no la manipulen para hacer demagogia barata».

Por último, la parlamentaria de Vox Ángela Mulas ha criticado que la iniciativa de Adelante «limita la capacidad legislativa del Parlamento y también la función del Consejo de Gobierno que le otorga la Constitución y el Estatuto de Autonomía para proponer un presupuesto». «Es de dudosa constitucional e inútil por absurda», ha apostillado antes de considerar supone «un postureo de cara a la galería» con la que los de Adelante «se van de progres».

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