Las mafias siguen lucrándose con la inmigración: una mujer regulariza ilegales con matrimonios ‘fake’

Una mujer ha sido detenida por la Policía Nacional en El Puerto de Santa María-Puerto Real (Cádiz) por ser la máxima responsable de la trama asentada en Sanlúcar de Barrameda que se dedicaba a regularizar extranjeros mediante la formalización de parejas de hecho ficticias.

Según ha indicado la Policía Nacional en una nota, entre los investigados se encuentra encartado el propietario de la vivienda de Sanlúcar de Barrameda que autorizaba las inscripciones de las parejas en el Padrón Municipal y que estaba registrada a nombre de una promotora.

La investigación han desvelado la existencia de una red delincuencial en la localidad sanluqueña, cuya actividad delictiva consistía en la legalización en España de ciudadanos marroquíes en situación irregular, utilizando como ‘modus operandi’ la inscripción de una pareja inexistente en el Padrón Municipal y posteriormente en el Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de Andalucía, como vías previas para solicitar la documentación de residencia legal para el extranjero en la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, derivando en un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y un delito de falsedad documental.

Durante varios meses, desde octubre del pasado año los investigadores de la Ucrif se centraron en la comprobación de la efectiva convivencia de las presuntas parejas, así como de la obtención de la documentación probatoria de la falsedades documentales, procediendo de manera paulatina a la detención de las parejas de hecho de conveniencia, alcanzando un total de ocho parejas, todas ellas formadas por un ciudadano español y un ciudadano marroquí irregular.

La trama captaba a hombres y mujeres españolas a quienes, previo ofrecimiento de dinero, se les hacía la propuesta de hacerse pareja de hecho con un ciudadano marroquí irregular, siendo como requisito necesario inscribirse en el Padrón Municipal en un domicilio, que en ocasiones es ficticio y otras veces el propio domicilio del ciudadano español, y posteriormente inscribirse en el Registro de Parejas de Hecho después de pasar una entrevista personal que tienen previamente preparada.

Este último paso permite al ciudadano marroquí irregular acudir a la Oficina de Extranjeros de la Subdelegación de Gobierno en Cádiz y solicitar una Tarjeta de residencia de familiar de la Unión Europea con validez de tres años, prorrogables.

Con este ‘modus operandi’ se vulnera el artículo 318 bis.2 del código penal, al ayudar, con ánimo de lucro, a una persona que no es nacional de un Estado de la Unión Europea a permanecer en España, al incumplir la legislación sobre estancia de extranjeros y el artículo 392.1 del Código Penal, al proceder a la simulación de varios documentos que inducen error en cuanto a su autenticidad.

Las sucesivas detenciones de parejas ficticias facilitan información a los investigadores que llevan a la detención del captador de ciudadanos españoles para formalizar una pareja ficticia con un extranjero, tratándose de un ciudadano de origen marroquí nacionalizado español, afincado en Sanlúcar de Barrameda, que reconoció a la policía formar parte de la red delictiva que le facilitaba ingresos económicos.

Las investigación de la Ucrif en torno al captador de parejas de hecho ficticias llevaron a identificar y detener a la principal artífice de la trama delictiva, tratándose de una abogada. Esta letrada es la que solicitaba a su contacto la búsqueda de un ciudadano español para regularizar a un extranjero que solicitaba sus servicios jurídicos y quien finalmente participaba personalmente como letrada y representante legal en las formalizaciones documentales necesarias tanto en la Oficina de Extranjeros de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz como en el Registro de Parejas de hecho de la Junta de Andalucía.

La investigada fue citada en las dependencias de la Brigada de Extranjería de Puerto Real donde compareció con abogado particular, siendo detenida como presunta autora de los delitos de falsedad documental y un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.