La Fiscalía no ve delito contra el alcalde de Cartaya (PP) por decir que la inmigración ilegal «delinque»

La Fiscalía de Huelva ha archivado este miércoles la denuncia contra el alcalde de Cartaya, Manuel Barroso (PP), por unas declaraciones en las que señalaba que su municipio sufre «un problema muy grave» con la «inmigración ilegal», a la que atribuía la comisión de delitos y situaciones de inseguridad. La Justicia no ha visto delito de odio en sus palabras.

Barroso difundió dos vídeos tras la agresión con arma blanca sufrida por un comerciante local, presuntamente a manos de un inmigrante ilegal. En ellos, denunció que «el 80% de los delitos» en Cartaya los cometen personas que «han entrado ilegalmente y se dedican a delinquir», que «duermen en las calles» y que «están saturando» los servicios públicos. Aseguró que el Gobierno de Pedro Sánchez «no hace nada» para expulsarlos y exigió cambios legislativos.

Las denuncias fueron presentadas por Izquierda Unida y la asociación La Carpa, que consideraban que Barroso había incurrido en un delito de incitación al odio. También criticaron que el alcalde mostrase en un pleno un cuchillo supuestamente requisado a un inmigrante, y lo usara para relacionar inmigración con delincuencia.

La Fiscalía trasladó el caso al fiscal de delitos de odio, quien, tras abrir diligencias, concluyó que las declaraciones no encajan en la tipificación penal del delito de odio. Por tanto, el caso ha sido archivado.

Desde IU han denunciado que el alcalde «usa su cargo para sembrar odio y miedo», mientras que Barroso se ha defendido afirmando que no es xenófobo, pero que su obligación es pedir «soluciones» ante un problema real de inseguridad. La subdelegada del Gobierno en Huelva calificó sus declaraciones de «irresponsables» y basadas en «relatos falsos».

Libertad de expresión

Barroso ha señalado este viernes que «como no podía ser de otra manera, la Fiscalía ha archivado las diligencias informativas» que se abrieron tras «la remisión por parte de la Asociación La Carpa de dos vídeos» en los que «se quejaba de la actual situación de los inmigrantes ilegales», que «culminó con una agresión a un ciudadano de este municipio que sufrió múltiples lesiones y que incluso se llegó a temer por su vida», toda vez que ha señalado que «confundieron libertad de expresión con delito de odio».

Así lo ha manifestado Barroso en una publicación realizada en sus cuentas de redes sociales, consultadas por Europa Press, después de conocer el archivo de las diligencias, y en la que ha apuntado que «tanto PSOE como IU» le «exigieron» a través de los medios «responsabilidad penal por un presunto delito de odio, confundiendo la libertad de expresión y la defensa de la seguridad de los ciudadanos con un comportamiento xenófobo que no se corresponde con la realidad».

«La inmigración ilegal es un problema muy importante en Cartaya, que genera desconfianza en la población y que está haciendo que empiece a cundir el miedo en las calles por la inseguridad ciudadana. Desde aquí reitero mi petición al Gobierno de España para que garanticen la seguridad de los ciudadanos de Cartaya, tomen las medidas necesarias para que las mafias que controlan la inmigración ilegal dejen de actuar impunemente y por supuesto adecuen la ley a las necesidades actuales, donde los inmigrantes ilegales son prácticamente inmunes a sus actos», ha remarcado.