Un ex trabajador de UGT Andalucía confirma que el sindicato pagaba nóminas con subvenciones públicas

Un ex trabajador de UGT Andalucía (UGT-A) ha tirado de la manta en el juicio contra el ex secretario general del sindicato, Francisco Fernández Sevilla, y otros cuatro antiguos responsables de la organización sindical por presunto delito continuado de fraude de subvenciones en concurso con un delito continuado de falsedad en documento mercantil. Según el citado ex empleado de UGT-A, el sindicato tenía un «bote» cosechado mediante la práctica de facturas falsas y, además, alega que se pagaban las nóminas con dinero de subvenciones públicas.

El juicio está promovido contra el ex vicesecretario de Organización y ex secretario general del sindicato, Francisco Fernández Sevilla; el que fuera secretario general de Administración de UGT-A, Federico Fresneda; la ex secretaria de Gestión Económica, María Charpín; la ex responsable del departamento de Compras de UGT-A, Dolores Sánchez; el consejero delegado de la entidad Soralpe I Mas P Asociados S.L., Enrique Goicoechea; y diez personas más que actuaron como proveedores del sindicato a través de las empresas que representaban.

Según el titular del Juzgado de Instrucción número nueve, Juan José Vélez, entre 2009 y 2013 mediaron «procedimientos concertados entre los responsables de UGT-A y determinados proveedores, a fin de que pudieran facilitar al sindicato una vía de financiación para la práctica de sus actuaciones propias», incurriendo en ello en «la aplicación de los fondos recibidos a través de subvenciones públicas a unos fines distintos al destino que dichos fondos deberían haber tenido», que eran «la práctica de acciones formativas, a personal ocupado y desocupado».

El ex trabajador del departamento de Compras de UGT-A Roberto Alejandro Macías, condenado por un delito de descubrimiento y revelación de secretos al haber filtrado a medios de comunicación, pero no a la Policía o las instancias judiciales, «información reservada y sensible» de la trama ahora sometida a este juicio, testificaba en ese sentido que el sindicato orquestó un sistema de «facturas fraudulentas o falsas» con cargo a las subvenciones autonómicas, gracias al cual cosechaba un «bote» o «fondo de reptiles» con el cual sufragar gastos no imputables a las ayudas.

¿Dónde iba el dinero de las subvenciones?

El «excedente» económico fruto de la diferencia entre la cuantía reflejada en la factura del proveedor a cargar a programas subvencionados y el dinero efectivamente pagado, según sus palabras, era empleado para sufragar «bienes o servicios que no se podía imputar a las subvenciones».

Al respecto, y a preguntas del fiscal Fernando Soto, este empleado del área de Justificación del sindicato ha confirmado que conocía la existencia de dicho «bote», que él ha preferido denominar como «saldo», si bien ha alegado que desconoce «cómo funcionaba» porque se trataba de un instrumento que «gestionaban» Fresneda y Charpín, a quienes ha descrito como «responsables de la organización» del sindicato.

Además, ha esgrimido que se trataba de una herramienta del área de Compras, asegurando que en UGT-A los departamentos eran «estancos» los unos con los otros. El fiscal le ha señalado diferentes correos electrónicos cruzados por este testigo con otros empleados del sindicato, en los que él pide incluir determinados aspectos en el «bote» o a él le preguntan por gastos imputables a dicho concepto, planteando así el representante del Ministerio Público que a su entender, este testigo tenía «cierta capacidad de decisión» sobre el «bote», extremo que el que fuese empleado del área de Justificación de gastos de UGT-A, José Miguel Galeano, ha negado insistentemente, asegurando que los trabajadores carecían de «autonomía» para este tipo de decisiones y remitiéndose a la cúpula directiva del sindicato.

Contratos menores

Este testigo se ha remitido igualmente a la directiva de UGT-A cuando el fiscal le ha preguntado por un intercambio de correos con relación a una contratación menor con cargo a ayudas autonómicas, según el cual él habría participado en la petición de presupuestos a dos empresas cuando ya estaba «decidido» que la contratación recaería sobre otra sociedad. Alegando que él no tenía «capacidad de decisión en ninguna operación», ha negado que UGT-A solicitase «presupuestos falseados» para sus contrataciones menores.

Tampoco ha dado respuesta concreta a las preguntas del fiscal sobre unos supuestos «gastos duplicados» de UGT-A y la fundación IFES del sindicato respecto a los cursos de formación que impartía dicha entidad por encomienda del sindicato, al figurar por tales acciones gastos de publicidad y evaluación tanto en la organización como en su fundación. «No lo sé», ha manifestado, defendiendo que UGT-A estaba sujeta a auditorías económicas y que el sindicato tenía que cumplir muchos «requisitos».

En paralelo, ha confirmado los descuentos o «rappel» aplicados por los proveedores al sindicato por los volúmenes de compras, toda vez que los investigadores sostienen que dichos descuentos, por contrataciones cargadas a programas subvencionados, no habrían sido comunicados a la Junta de Andalucía como ente pagador de las ayudas.

Descuentos

Al respecto, Galeano ha explicado que estos descuentos eran aplicados por los proveedores tanto en gastos subvencionables como en conceptos ajenos a las ayudas, asegurando que no fueron declarados ante la Junta porque las ayudas eran «plurianuales», sujetas a un marco temporal concreto, y no era posible esclarecer «qué parte» del descuento aplicado por cada proveedor correspondía a cada ayuda concreta.

Del mismo modo, este empleado ha confirmado que le consta que con cargo a las subvenciones autonómicas fueron abonadas nóminas del sindicato, incluida algunas correspondientes a su propio salario.