Andalucía exige al Gobierno los 17 millones usados para atender a los 567 menas impuestos por Sánchez

La Junta de Andalucía ha acusado este martes al Gobierno de Pedro Sánchez de «negociar» con sus socios usando a los inmigrantes ilegales y a los menas como «moneda de cambio» para conseguir «sillones». Así lo ha dicho la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, después de celebrarse el Consejo de Gobierno andaluz que ha tomado conocimiento del requerimiento que ha sido dirigido a la Administración General del Estado para que el Gobierno financie los más de 16,8 millones de euros que le corresponden y que «ha soportado» la administración autonómica para atender a los 567 menas que el propio Gobierno de Sánchez trasladó a Andalucía asegurando que eran inmigrantes mayores de edad. Una mentira que le ha costado a las arcas públicas andaluzas 17 millones de euros.

La consejera se ha encargado de detallar este requerimiento en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, en la que ha explicado que dicho que estos 567 menas han ingresado en centros de protección de Andalucía y continuarán su atención en los programas de preparación para la vida independiente.

La titular de Inclusión Social ha recordado que dicho requerimiento es un paso previo a la interposición de un contencioso administrativo por parte de la Junta, de forma que es «el último cartucho» que agota el Gobierno andaluz «antes de ir a la vía judicial por la desidia, el caos, el desorden, el descontrol del Gobierno de España en materia de política migratoria», ha aseverado.

Requerimiento

La consejera ha detallado que, con este requerimiento, la Junta pide al Gobierno, en primer lugar, que «cumpla sus competencias», así como «planificación» y «coordinación», y en esa línea ha criticado que los gobiernos autonómicos «no sabemos nada de lo que hacen» desde el Ejecutivo, desde donde no se les «informa» de «absolutamente de nada».

De igual modo, la Junta pide al Gobierno con este requerimiento que, en los casos de la llegada de menores de edad, el reparto se haga «conforme a lo dispuesto en el modelo de gestión de contingencias migratorias para la infancia y adolescencia no acompañada aprobado en septiembre de 2022 en el pleno de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, y que se basa en el principio de solidaridad».

La consejera ha incidido en remarcar que, a fecha de 29 de enero de 2025, «han llegado 567 menores como adultos a Andalucía trasladados por el Gobierno central», y «de la atención integral y completa de estos niños, niñas y adolescentes se ha encargado la Junta en solitario y con financiación propia».

Ante esta situación, la Junta reclama en su requerimiento «que se incoen los expedientes de determinación de edad en el lugar a donde llegan estas personas, en las Islas Canarias, y se les acompañe de su reseña policial y su inscripción en el Registro Mena, cuando corresponda».

Al respecto, desde el Gobierno andaluz critican que, hasta ahora, estos 567 menores migrantes «han sido trasladados sin que el Ministerio del Interior verificase su edad, lo que ha provocado que llegasen como adultos, con las consecuencias que esto ha generado para atenderlos con todas las garantías».

Política Amazon

En esa línea, la consejera ha acusado al Gobierno central de «trasladar a los niños como si fueran paquetes», aplicando una «política de Amazon», con la que monta a los menores «en un avión», los suelta «en Andalucía y, si te he visto, no me acuerdo», según ha reprochado.

Loles López ha remarcado que al Gobierno andaluz le «duele la boca» de pedir al Ejecutivo central que «cumpla en materia migratoria» y que «reconozca a estos 567 niños», tanto en comisiones y conferencias sectoriales de Infancia y Adolescencia, en la Conferencia de Presidentes celebrada en el mes de diciembre de 2024, o por cartas a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, con quien la consejera se reunió este pasado viernes.

Así lo ha recordado Loles López, que ha confirmado que trató este asunto del requerimiento con la ministra, a quien trasladó que no le había quedado «otra opción» al Gobierno andaluz al llevar el Ejecutivo central «meses» sin «reconocer una realidad» como la de esos 567 niños, de los que la administración central «no quiere saber nada», según ha censurado.

De igual modo, la Junta de Andalucía ha informado de la «difícil situación» en la que se encuentran los recursos que el Gobierno andaluz destina a la protección de menores migrantes, y «la tensión que ha sufrido y sufre el sistema sin que se haya obtenido respuesta alguna por parte de la Administración General del Estado».

Loles López ha criticado además que, «mientras esto está ocurriendo», ha leído en medios de comunicación que «se está cerrando por parte del Gobierno de España un nuevo reparto de menores migrantes» en el que «se baraja la posibilidad de que queden excluidos Cataluña y País Vasco», y ha advertido de que, «si eso es así, uno tiene que deducir claramente que los menores migrantes también son moneda de cambio» para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Además, la consejera ha advertido de que el Gobierno actúa con los migrantes adultos de igual modo que con los menores, de forma que tampoco aporta «ninguna información» sobre los que traslada a las comunidades autónomas, al tiempo que ha criticado que «el País Vasco, por un lado, está negociando ser frontera norte», mientras que el Ejecutivo de Pedro Sánchez va a «seguir negando» a Andalucía que se le reconozca «ser frontera sur», de forma que entiende que «los migrantes también van en los privilegios que estos señores negocian».

Al hilo, Loles López ha aludido a informaciones que apuntan que «Cataluña está exigiendo que se le den las competencias en materia migratoria», cuando «la primera medida que va a adoptar es expulsar a las personas migrantes», por lo que ha criticado que «los sociales que nos gobiernan en España» estén «negociando con personas a cambio de sillones».

La consejera ha concluido aseverando que «los niños son niños, independientemente de donde vivan, donde nazcan y del color de su piel», y ha reivindicado que ella está «a favor de la migración ordenada y regulada», de ahí que pida «coordinación, financiación, información e inclusión para esas personas», que «no son paquetes, por mucho que los traten como tales» desde el Gobierno, según ha insistido en criticar.