Abogados Cristianos denuncia por cuatro delitos al marroquí que prendió fuego a la iglesia de Albuñol

La Fundación Española de Abogados Cristianos ha denunciado al marroquí que el pasado domingo atacó y prendió fuego a una iglesia de Albuñol (Granada), al que acusa de cuatro presuntos delitos: profanación, contra el patrimonio histórico, incendio y lesiones. Sobre este último, el Arzobispado de Granada informó de «algunos heridos leves al intentar evitar daños» en la parroquia.

«Esto ocurre después de que el Gobierno se haya propuesto acabar con el delito que protege los sentimientos religiosos del Código Penal», ha afirmado la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, en un mensaje publicado por la fundación en sus redes sociales.

Castellanos hace referencia al art. 525 del Código Penal (delito contra los sentimientos religiosos o de escarnio público), que el Gobierno de Pedro Sánchez ha planteado suprimir en varias ocasiones dentro de una reforma de los delitos de expresión.

Abogados Cristianos denuncia el brutal incendio provocado por un magrebí de 21 años en una iglesia en Granada. pic.twitter.com/iuKpS53OS4

— Abogados Cristianosﻦ (@AbogadosCrist) August 20, 2025

«En un Estado aconfesional no han de primar los sentimientos de unos ciudadanos frente a otros. Lo único que habría que proteger es la libertad religiosa como derecho fundamental. En este sentido la legítima crítica contra las religiones, dogmas y creencias está amparada por la libertad de expresión», recogía una proposición de ley presentada por Sumar y registrada en diciembre de 2023.

En enero de 2025, el PSOE se sumó al carro y registró una reforma legal en la que, entre otras cosas (como limitar la acusación popular y vetar a partidos políticos y entidades vinculadas), propone eliminar el citado delito: «Se suprime el artículo 525 del Código Penal, el conocido como el de las ofensas a los sentimientos religiosos, un delito donde no se detectan apenas condenas, pero que es empleado por organizaciones ultras y fundamentalistas para perseguir a artistas, activistas y representantes electos haciéndoles pasar por procesos penales muy costosos a nivel económico y personal».

De momento, el artículo, que castiga con multa de 8 a 12 meses el escarnecer dogmas, creencias o ritos y vejar a sus practicantes, sigue vigente.

Este martes, Adelante Andalucía pidió a la Fiscalía de delitos de odio que actúe contra Vox por las declaraciones de sus dirigentes tras el ataque a la iglesia al considerar que «criminalizan la inmigración» y «estigmatizan a colectivos vulnerables» con «discursos incendiarios» que buscan replicar lo vivido en Torre Pacheco (Murcia).

Adelante señalaba directamente al portavoz adjunto de Vox en Andalucía, Ricardo López, que calificó lo ocurrido de un atentado contra «nuestras raíces, nuestra cultura, nuestra forma de ser y los sentimientos de fe más profundos de la gente de este pueblo y de la nación española». López también advirtió de la «progresiva islamización» de España y Europa y culpó al bipartidismo de la «inmigración ilegal y masiva» que llega a nuestro país y que «degrada nuestros barrios».