Las 17 medidas que propone Vox para acabar con la inmigración ilegal

Vox pedirá el apoyo del Parlamento de Andalucía para rechazar la regularización de más de medio millón de inmigrantes ilegales que ya se tramita en el Congreso de los Diputados. A través de una Proposición no de Ley (PNL) que Vox ha registrado en el Parlamento autonómico, la formación que en Andalucía lidera Manolo Gavira pide que se tomen las “medidas necesarias para que nuestras ciudades no sigan el modelo de sociedades multiculturales que se ha demostrado fracasado”, es decir, en países como Bélgica, Francia o Reino Unido.

Vox busca “rechazar el contenido de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) actualmente en trámite en el Congreso de los Diputados y cuya aprobación definitiva conllevaría la regularización de más de 500.000 inmigrantes ilegales”. Desde la formación explican que su preocupación pasa por luchar contra la inmigración ilegal y la inseguridad que ésta se está generando y “que ya están sufriendo demasiadas ciudades y pueblos de Andalucía”.

Vox, de este modo, propone a la Junta de Andalucía 17 medidas para poner freno a la inmigración ilegal:

• Rechazo a la ILP que tramita el Congreso para legalizar a más de medio millón de inmigrantes ilegales.
• Tramitar de forma preferente y urgente la inmediata expulsión de todos los inmigrantes que accedan ilegalmente a España y a aquellos que cometan delitos graves o «hagan del delito su forma de vida».
• Que todas las administraciones públicas trasladen el mensaje claro de que cualquier inmigrante que entre de manera ilegal en España nunca podrá regularizar su situación en nuestro país ni recibir ningún tipo de ayuda pública.
• Que la Junta de Andalucía suprima toda ayuda y beneficio social a los inmigrantes ilegales que han entrado a nuestra nación vulnerando las leyes españolas y comunitarias, a excepción de la asistencia humanitaria urgente que precisen hasta la devolución a sus países de origen.
• Que la Junta de Andalucía elimine las subvenciones a asociaciones, organizaciones, fundaciones u oenegés que promuevan o faciliten de cualquier forma la inmigración ilegal y el tráfico de personas.
• Endurecer las penas contra las mafias de la inmigración ilegal y a todos sus colaboradores.
• Que la Junta cierre de los centros de menas «que crean inseguridad en nuestras calles, empezando por los más conflictivos, garantizando, hasta que eso se consiga, la seguridad de los trabajadores de estos centros, la existencia de espacio suficiente y la seguridad de los vecindarios aledaños».
• Que la Junta de Andalucía suspenda la cooperación al desarrollo con cualquier país que no colabore en la gestión de los flujos inmigratorios con el propósito de impedir la llegada de inmigrantes ilegales.
• Que la Junta de Andalucía muestre su parecer favorable a llevar a cabo las reformas legales necesarias para impedir que ningún inmigrante ilegal pueda cometer un fraude de ley en la tramitación de su expediente de extranjería o petición de asilo.
• Que la Junta de Andalucía apoye la correcta transposición de la Directiva de retorno en España.
• Regular el internamiento en centros de extranjeros, y sus prórrogas, para todos los extranjeros que tengan pendiente la ejecución de una orden de expulsión.
• Que la Junta de Andalucía apoye el establecimiento de manera inmediata de refuerzos de personal en la administración competente para tramitar las solicitudes de asilo.
• Resolver los expedientes de extranjería con el fin de agilizar todos los trámites y que ningún inmigrante ilegal pueda verse favorecido por los retrasos de la administración.
• Que la Junta de Andalucía introduzca explícitamente en las bases de toda subvención destinada a personas físicas el requisito de residencia legal y no de mero empadronamiento para poder ser beneficiario de las mismas.
• Que la Junta de Andalucía incluya, con carácter general, el acceso prioritario de españoles a ayudas sociales públicas y prestaciones de Dependencia.
• Que la Junta de Andalucía se oponga a la reubicación en el territorio regional de cualquier inmigrante que haya entrado ilegal o irregularmente en territorio nacional y que no haya solicitado protección internacional de ningún tipo.
• Que la Junta de Andalucía ponga todos los medios necesarios para no habilitar ninguna partida presupuestaria destinada al objeto de la reubicación de inmigrantes ilegales en Andalucía.