La Justicia imputa al ex director de la Hacienda de Guipúzcoa por el escándalo del PNV y la Real Sociedad

El escándalo de la Hacienda de Guipúzcoa -controlada por el PNV- y de la Real Sociedad sigue sumando capítulos. El ex director general de la Hacienda Foral de Guipúzcoa Pedro María Ruiz de Azúa tendrá que comparecer como acusado en juicio oral en cumplimiento del auto de la Audiencia de Guipúzcoa fechado el 11 de marzo de 2019. Esta resolución se produce después de dos intentos de sobreseimiento por parte del Juzgado de Instrucción nº 5 que ha recibido este tirón de orejas de la Audiencia Provincial.

El hecho juzgado que llevará al banquillo de los acusados al señor Ruiz de Azúa se remonta al 3 de agosto de 2009, cuando el ex director general de la Hacienda Foral ordenó, sin motivación, la continuación del expediente fiscal de la Real Sociedad en vía administrativa, en contra del criterio de los inspectores, que remitieron cinco informes de delito fiscal demoledores a la Dirección General de Hacienda para su remisión a la vía judicial al detectarse que la Real Sociedad no había practicado las oportunas retenciones por IRPF a los jugadores extranjeros del club guipuzcoano. Ese hecho supuso unas cuotas defraudadas por un importe de más de 8 millones de euros, así como la existencia de pruebas de una clara conducta dolosa (contabilidad “B”, sociedades interpuestas, constitución de sociedades en paraísos fiscales).

Hay que recordar en este caso, que la Justicia ya dio un serio revés previo a la Hacienda de Guipúzcoa y a los cargos del PNV que la controlan: aceptó la existencia de “indicios de un presunto delito de prevaricación administrativa en la resolución dictada por el Director General de Hacienda, de fecha 3 de Agosto del 2009”. Un asunto en el que el club de fútbol se vio inmerso en un plan de inspección y, posteriormente, lejos de tramitarse hasta las últimas consecuencias penales sus actos, se mitigó el tratamiento y se le concedió una subvención de 6 millones de euros, algo que dejó al club literalmente dependiente de las decisiones públicas.

El auto de la Audiencia señaló que “una vez iniciadas y estando en curso las actuaciones de investigación y comprobación a cargo de los actuarios designados al efecto, el 27 de octubre de 2008 el Diputado Foral de Hacienda y Finanzas, Sr. González Argómaniz, acordó la ampliación de su alcance temporal al periodo enero-septiembre 2008 en relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido y con las retenciones a cuenta del IRPF, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes”.

Y la Audiencia aceptó que puede haber habido prevaricación del director de la Hacienda puesto por el PNV porque ni estaba justificada esta ampliación inspectora, ni lo estaba la posterior resolución para reducir el alcance de esta actuación inspectora. Y es que posteriormente se suprimió “la sanción acordada, máxime cuando en la fecha en la que se resuelve la supresión de la sanción, la Diputación Foral de Guipúzcoa tenía pleno conocimiento, pues así se manifestó por parte de los inspectores tributarios, de la actuación al menos irregular fiscalmente de la Real Sociedad durante los años anteriores.

Es más, en esos momentos, el Club estaba inmerso en un procedimiento penal que finalmente concluyó en sobreseimiento por dejar de ingresar diversas partidas de IVA por ingresos de taquilla.

La historia se remonta a hace más de una década, cuando el PNV aprovechó la situación económica de la Real Sociedad para tenderle una trampa fiscal. De este modo, el club guipuzcoano pasaría a depender de las subvenciones del Gobierno vasco.

La Real Sociedad, a contra corriente del resto de los clubes de fútbol españoles, se mostró conforme con las propuestas de la inspección de la Hacienda Foral de Guipúzcoa, controlada por el PNV. La inspección afectaba al tratamiento dado a los derechos federativos. La presión y la amenaza de trasladar el asunto como causa penal llevó al club a aceptar la exigencia de firmar en conformidad la inspección y, desde ese momento la Real pasó a depender de los créditos y ayudas oficiales, también controladas por el PNV.