El Gobierno modificará el Código Penal para endurecer las penas por actos de terrorismo

El Gobierno endurecerá la lucha contra el terrorismo internacional con mayores penas en el Código Penal. El grupo ‘popular’ en el Congreso de los Diputados ha registrado recientemente una proposición de Ley Orgánica por la que se modifican determinados artículos de este Código a fin de transponer las directivas de la Unión Europea, entre otros, en lo que se refiere al terrorismo.

La proposición, que tendrá que ser aprobada en Pleno, endurece, por ejemplo, el artículo 572 del Código Penal, que recoge penas de prisión de ocho a catorce años e inhabilitación especial para empleo o cargo público para «quienes promovieran, constituyeran, organizaran o dirigieran una organización o grupo terrorista», «participaran activamente en la organización o grupo» o «formaran parte de ellos».

En el primer caso, serán castigados con un año más de cárcel-hasta quince-y se amplía la inhabilitación, que será «absoluta durante el tiempo de condena» .

Asimismo, se endurece la lucha contra el adoctrinamiento terrorista, de forma que se penará a aquellos que se desplacen a otros países para recibir formación para cometer atentados o para colaborar con grupos terroristas. En el actual Código limitaba el delito a que se produjese «en un territorio extranjero controlado por un grupo u organización terrorista»,  que ahora se sustituye por cualquier «territorio extranjero».

La proposición busca adaptar la legislación española a la comunitaria, en la necesidad de reforzar los mecanismos de cooperación europeos ante el desafío terrorista. 

El endurecimiento de la lucha contra el terrorismo internacional no es compartido por grupos como Podemos, que ha cuestionado por activa y pasiva al Gobierno por sus medidas y se ha negado a suscribir el Pacto antiyihadista, en el que solo participa como ‘observador’.

Precisamente, en las recientes enmiendas presentadas por el grupo de Unidos Podemos a la Ley de Seguridad Ciudadana se rebaja la capacidad de las Fuerzas de Seguridad para combatir el terrorismo e impide, por ejemplo, que la Policía pueda  llevar a cabo registros para impedir que en lugares públicos se utilicen armas o explosivos. 

El partido de Pablo Iglesias propone suprimir el artículo 18, que habilita a los agentes a «practicar las comprobaciones en las personas, bienes y vehículos que sean necesarias para impedir que en las vías, lugares y establecimientos públicos se porten o utilicen ilegalmente armas, explosivos, sustancias peligrosas u otros objetos, instrumentos o medios que generen un riesgo potencialmente grave para las personas, susceptibles de ser utilizados para la comisión de un delito o alterar la seguridad ciudadana, cuando tengan indicios de su eventual presencia en dichos lugares, procediendo, en su caso, a su intervención».

Según Podemos, «su supresión se fundamenta en que el referido artículo facilita diversos supuestos de arbitrariedad en el desempeño de sus funciones por parte de las fuerzas de seguridad así como la vulneración de derechos fundamentales de los ciudadanos».

Iglesias justificó su rechazo a la unidad de las fuerzas políticas contra el terrorismo en que suponía «renunciar a los elementos garantistas del derecho penal».