Padres y profesores de educación especial protestan este sábado contra la ‘Ley Celaá’

Padres y profesores de educación especial protestan este sábado contra la ‘Ley Celaá’
Alumnos del centro de Educación Especial Alborada. Foto: Europa Press

Familiares, profesores y alumnos de Educación Especial han convocado este sábado 23 de febrero una manifestación en Valladolid para protestar contra el "cierre" de estos centros educativos ante el posible trasvase de sus alumnos al sistema ordinario, tal y como contempla el proyecto de Ley Orgánica para la reforma de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), también conocida como 'Ley Celaá'.

Esta protesta, convocada por la Plataforma Educación Inclusiva Sí, Especial también es la primera que se organiza contra esta medida del Ejecutivo. El objetivo es visibilizar que el Gobierno y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que se manifiesta en contra de este modelo por considerarlo “segregador”, no tienen en cuenta al sector de la Educación Especial ni a las familias. Esta plataforma ha lanzado un manifiesto al que se han adherido ya “más de 100 asociaciones cuenta con más de 244.000 firmas“.

La reforma normativa, cuya tramitación parlamentaria es inviable por la disolución de las Cortes Generales ante el adelanto de las elecciones el 28 de abril, fija un plazo de diez años para integrar a los alumnos con necesidades especiales en centro ordinarios “con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad”.

“Este parón de la ley no nos da tranquilidad, pues la amenzada existe. La manifestación está convocada para que no se cierren los colegios, pero también contra el posicionamiento del CERMI, que en lugar de representarnos, defiende acabar con la Educación Especial sin escucharnos”, afirma el presidente de la plataforma convocante, José María Escudero, en declaraciones a Europa Press. De hecho, la protesta por el centro de Valladolid –arranca a las 12:00 horas en la plaza de Colón– culminará frente a la sede del CERMI de Castilla y León.

Escudero sostiene que cada comunidad autónoma interpreta las normas de una forma distinta y advierte de que existe la posibilidad de que los equipos de orientación de los centros educativos ordinarios, que son los que dictaminan el traslado de los alumnos a la Especial, junto con el consentimiento de las familias, dejen de hacerlo.

“Así acabarán vacíos estos centros especiales”, advierte el presidente de esta plataforma que denuncia también que, “sin opciones, los padres no tendrán ninguna capacidad de decidir sobre el tipo de educación que consideran más adecuada para sus hijos”.

Sobre el CERMI, que es la organización que integra a las asociaciones de personas con discapacidad y sus familias, Educación Inclusiva Sí, Especial También apunta que su defensa de la eliminación de este modelo educativo es “paradójico”, pues, a su juicio, es “el único que cubre las necesidades educativas de los alumnos con discapacidad intelectual y les ayuda a integrarse en la sociedad”.

En cuanto al informe de la ONU publicado el pasado verano en el que sostenía que el sistema educativo español “excluye” a los alumnos con discapacidad dentro del sistema ordinario y a través de la Educación Especial, Escudero sostiene que este texto ofrece una visión “totalmente sesgada” del sistema educativo español y asegura que ninguno de los autores del documento visitó un centro de Educación Especial.

Además, niega que haya dos sistemas paralelos, sino “un único sistema” donde los alumnos con necesidades educativas especiales “son atendidos bajo diversas modalidades de escolarización”.

Qué dice la Ley Celaá

En concreto, el proyecto normativo señala que “el Gobierno, en colaboración con las Administraciones educativas” debe desarrollar “un plan para que en el plazo de diez años” se logre ese objetivo de acuerdo con el artículo 24 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y en cumplimiento del cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

“Las administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios”, se añade en la ‘Ley Celaá’.

Este pasado miércoles 20 de febrero, la ministra de Educación y Formación Profesional aseguró en el Congreso que los centros de educación especial “no se van a cerrar” y acusó al Partido Popular de usar “mantras” sobre su proyecto de ley de reforma del sistema educativo que no son verdad.

En respuesta a una pregunta del PP, Celaá afirmó que no tiene “ninguna intención” de cerrar estos centros y que lo que pretende su norma es “incorporar a niños con cierta diversidad funcional” en colegios ordinarios “estableciendo recursos para ello” y siempre que sus familias así lo soliciten.

“Por lo tanto, atendiendo al interés superior del menor y en acuerdo con las familias, se escolarizará en centros ordinarios cuando se decida o en especializados”, subrayó la ministra en el Congreso.

Educación especial en cifras: 37.136 alumnos y 8.232 profesores

En España hay 37.136 alumnos matriculados en centros de Educación Especial este curso 2018-2019, el 0,45% de la población escolar, que asciende a 8,17 millones de alumnos. El 59,6% en los 191 colegios públicos, mientras que el 40% restante son atendidos en los 280 centros concertados. Además, hay 8.232 profesores, según los últimos datos del Ministerio de Educación, recogidos por Europa Press.

De forma paralela, hay 1,89 millones de alumnos con necesidades educativas especiales matriculados en centros ordinarios (el 23,1% de la población escolar), a los que se les adapta los currículos y los métodos de enseñanza. Se trata de un grupo muy heterogéneo, pues no solo lo integran alumnos con discapacidad, sino niños con déficit de atención, dislexia, trastornos de conducta o altas capacidades.

En los centros de Educación Especial se imparte Educación Infantil adaptada a las necesidades y competencias individuales de niños de entre tres y cinco años y Enseñanza Básica Obligatoria desde los seis años hasta los 16/18 años –dividida, a su vez, en Primaria (6-12 años) y Secundaria Obligatoria (13-16/18 años)–.

A partir de los 17/18 años hasta los 21, los alumnos pueden matricularse en Programas de transición a la vida adulta, con una oferta formativa orientada a facilitar la autonomía personal y la integración social y laboral.

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