Ya no es el caso Begoña Gómez, es el caso Pedro Sánchez

El correo enviado por una asesora de Moncloa en el que solicita a una de las empresas patrocinadoras de la cátedra de Begoña Gómez en la Complutense que la siguiera financiando constituye una prueba flagrante de que la mujer de Pedro Sánchez se valió de un cargo público para sus negocios particulares. Es la prueba del nueve de que Begoña Gómez utilizó la estructura de la Presidencia del Gobierno para su estricto interés personal, algo que encajaría en la tipificación de los delitos por los que está imputada.

La prueba documental no sólo complica el horizonte penal de Begoña Gómez, sino que coloca en una compleja situación al jefe del Ejecutivo, obligado a explicar si sabía que su mujer utilizaba a asesores nombrados por su Gobierno para impulsar sus actividades profesionales. Si así fuera, Pedro Sánchez también entraría peligrosamente en un escenario procesal de imprevisibles consecuencias.

Ya no estamos hablando de ética o moralidad pública, sino del Código Penal. Porque esto va mucho más allá del reproche político. Que personal al servicio de la Administración del Estado y que cobra un sueldo público se dedique a contactar con empresas privadas para impulsar el negocio privado de la mujer del presidente es mucho más que una indecencia o una inmoralidad. Ya no es Begoña Gómez, sino el mismísimo Pedro Sánchez quien está bajo sospecha. El correo enviado por una asesora del gabinete de Presidencia instando a financiar la cátedra de la mujer del jefe del Ejecutivo supone un salto cualitativo de enorme relevancia. El círculo se estrecha y el caso Begoña Gómez es ahora, más que nunca, el caso Pedro Sánchez.