Vampiros fiscales

El pasado 13 de octubre, en el marco de un debate en la cámara balear para la aprobación del techo de gasto de 2022, el portavoz del PP, el ibicenco Toni Costa, lanzó una acusación terrible a Francina Armengol. Acusó a la inquera de maniobrar en Madrid para que Pedro Sánchez, bajo el paraguas de la «armonización fiscal» que ahora han puesto en boga los socialistas de toda España para meter en cintura a Díaz Ayuso por sus bajadas de impuestos en la comunidad de Madrid, subiera el impuesto de sucesiones y donaciones en Baleares.

En opinión de Costa, Armengol no se atrevería a subirlos directamente por el desgate personal que sufriría ante sus votantes aunque los impuestos a las herencias son de su exclusiva incumbencia porque son de normativa autonómica. Preferiría, en cambio, que lo hiciera Sánchez desde Madrid obligando a todas las autonomías de régimen común (a Navarra y País Vasco, ni tocarlas, claro) a equiparar (y presumiblemente a elevar) todos sus impuestos autonómicos. La maniobra de la rostro pálido Armengol es de cajón: culpamos al Gobierno de Sánchez de la subida de impuestos porque Isabel Díaz Ayuso le ha obligado a hacerlo y, entretanto, yo tengo más capacidad de gasto gracias a lo que recaudo de más. Todo lo contrario de la cacareada «corresponsabilidad fiscal» a la que tanto se invoca desde las hipócritas tribunas políticas.

Para acotar más si cabe las verdaderas intenciones de Armengol en sangrar con más impuestos a los baleares, unos días después nos desayunábamos con otro notición. Los senadores socialistas Susana Moll y Cosme Bonet decidían votar en contra de tramitar el REB que el propio PSIB al que deben obediencia había aprobado, un Régimen Especial de Baleares (REB) que otorga rebajas fiscales a los baleares como algunas deducciones del impuesto de sociedades para empresas o incluso del IRPF para actividades de investigación y desarrollo. Sencillamente tremendo lo de Moll y Bonet, para correrlos a gorrazos a los dos y declararlos personas non gratas en todos los ayuntamientos baleares, como hace la izquierda cuando tiene ocasión. Bonet alegó que correspondía al Govern de Armengol y al Gobierno de Sánchez negociar el REB. ¿Qué se trama tras esa asombrosa negativa socialista a tramitar «su propio» REB y esta apelación a que Armengol y Sánchez deban negociarlo en los despachos?

Esta injustificable negativa contrasta con la celebración que por todo lo alto Armengol y toda su corte de paniguados y periodistas de cámara hacían al anunciar la llegada «histórica» de 183 millones del coste de insularidad bajo el amparo del mismo REB al que ahora ponen palos en las ruedas cuando se trata de aliviar los bolsillos de empresas y ciudadanos de las Islas. REB para recibir más trozo del botín presupuestario, sí. REB para rebajar los impuestos que pagamos los baleares, no.

En realidad, se trata de una incoherencia sólo superficial. Los 183 millones que Madrid nos devuelve por el coste de la insularidad se los devuelve al Govern para que Armengol y sus secuaces se los gasten vamos a saber en qué. Ningún balear o ninguna empresa balear va a recibir ningún bono como indemnización por los costos sufridos por la insularidad, a diferencia de otros bonos a los que tan aficionado ha sido y sigue siendo el socialismo patrio como el bono bebé, el bono cultural para jóvenes, el bono de alquiler o los 40 euros de descuento canjeables para «apoyar al comercio local». Está claro que Armengol quiere disponer de todo el dinero posible de nuestros bolsillos para realizar sus generosas y espléndidas políticas sociales, no para que seamos más ricos o decidamos individualmente en qué gastar nuestros ahorrillos o rentas de trabajo. Con el dinero de otros, hacen fiesta los devotos.

No hay que olvidar que durante todos estos años Armengol siempre se ha negado a bajar los impuestos, incluso antes de la pandemia cuando algunos de ellos crecían a razón de más de dos dígitos año tras año. Nunca se había recaudado más en Baleares y prueba de ello ha sido el desbocado aumento de los presupuestos generales de la comunidad gracias a sus dos principales vías de ingresos: el aumento de la recaudación en los impuestos autonómicos y la mejora sustancial en la financiación autonómica que depende también del IRPF, el IVA y el impuesto de los hidrocarburos que se recaudan en las Islas. Antes de la pandemia y pese a las reiteradas peticiones del popular Gabriel Company en el parlamento regional, Armengol nunca admitió que había llegado la hora de rebajar el esfuerzo fiscal a sus administrados. Incluso después de que Company le propusiera apoyar sus presupuestos a cambio de una rebaja fiscal a los baleares. Nunca.

Esta obsesión en sangrar a los ciudadanos de Baleares se ampara en dos relatos no por falsos menos recurrentes. Ahí están las loas de los diputados socialistas a su admirada heroína cuando afirman desde el púlpito de las Cariátides que «vale más no imaginarse cómo los ciudadanos habrían atravesado la pandemia con los recortes de José Ramón Bauzá y sin una socialista como Armengol en el gobierno». El segundo motivo que obligaría a los baleares a seguir apoquinando sería el de la «mala financiación» de las Islas. Como Madrid no nos da lo justo para los servicios públicos que «nos merecemos», que decía Carlos Manera, los baleares tenemos que seguir rascándonos los bolsillos para sufragarlos. No queda otra, alegan las sanguijuelas socialistas.

Lo de la «mala financiación» es un argumento totalmente falso, como he venido demostrando reiteradamente. De hecho, Armengol ya no habla a estas alturas de «estar en la media de la financiación» porque sabe que ya la rebasamos con creces desde hace tiempo, como corroboran todos los informes de Hacienda. Para seguir en el machito de la queja, la socialista dice ahora que «somos la segunda autonomía en aportar y la novena en recibir», un criterio diametralmente distinto al de «estar en la media» que se venía blandiendo hasta ahora como medida para evaluar la bondad del modelo. Armengol puede reclamar lo que quiera, el criterio de ordinalidad por ejemplo o el concierto económico como piden Més y Proposta per les Illes, pero todos estos deseos húmedos se compadecen muy poco con un partido como el PSOE que históricamente ha enarbolado la bandera de la redistribución de la riqueza entre ciudadanos españoles y, como consecuencia directa de esta solidaridad en principio meramente individual, la redistribución concomitante entre las distintas regiones españolas.

Armengol es plenamente consciente de que el criterio que finalmente se adopte para repartir los fondos del nuevo sistema de financiación autonómica puede hacer estallar al PSOE. En el último congreso socialista celebrado hace una semana, Pedro Sánchez decidió no tocar el tema para no remover el avispero a la vista de la tormenta que se avecinaba entre barones nacionalistas como Armengol y barones autonomistas como Guillermo Fernández Vara. Naturalmente, si finalmente Pedro Sánchez decide reformar el sistema de financiación lo hará bajo la premisa de que «nadie pierde», como siempre se ha hecho por otra parte, poniendo sobre la mesa miles de millones de euros extra que habrá que expropiar de nuestros bolsillos. Lo mismo que ya ocurrió en 2009 cuando Rodríguez Zapatero cambió el modelo de financiación. No vayan a creer, ¡ilusos!, que unas autonomías salieran perjudicadas en beneficio de otras, como podría suponerse de antemano. Al contrario, todas ganaron. ¿Cómo fue posible semejante milagro de los panes y los peces? Zapatero puso sobre la mesa 11.000 millones de euros más a repartir entre todas las autonomías que no ocultaron su satisfacción, unos milloncetes que no tardaron en evaporarse de nuestros bolsillos a mayor gloria de nuestros administradores de lo público. Así se escribe la historia.