Valencia, un renacer económico desde el caos

La declaración por parte del Consejo de Ministros de zona especialmente afectada permite poner en marcha la publicación del Decreto Ley que de forma efectiva desarrollará el proceso de asignación de importantes recursos económicos para empresas, autónomos y familias afectadas por la terrible Dana o gota fría que ha golpeado de lleno a la Comunidad Valenciana.

Una dana que volvió a desbordar riadas de lluvia como ya lo hizo en el año 1957 por la rambla o Barranco del Poyo, que canalizaba agua en la comarca que agrupa Chiva, Torrente y Catarroja y cuyas aguas vierten a la Albufera de Valencia.

Hace una semana marcó un caudal de 2.300 metros cúbicos en una infraestructura preparada para soportar un pico de hasta 1.800 metros cúbicos por segundo produciendo un agresivo desbordamiento que afectó zonas inundables, y las viviendas y vehículos que en ellas se encontraban, con alturas de hasta 2.20 metros de altura.

Una activa, luminosa y vibrante tierra a la que tanto quiero y admiro, y de la que me siento parte por mi familia, descendiente de una figura clave como el gran Mariano Benlliure que, nacido en Valencia y fallecido en Madrid, es un ejemplo más de lo que nos une desde siempre a los madrileños con los valencianos. Toda nuestra solidaridad y compromiso económico con la imprescindible reconstrucción de infraestructuras y tejido empresarial.

El Plan de Reconstrucción y Relanzamiento de la Comunidad Valenciana contempla una serie de medidas urgentes de hasta 10.600 millones de euros para comenzar a paliar los grandes daños causados por la terrible dana entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre con destino a 75 municipios de Valencia.

La dimensión del siniestro económico es descomunal. El Colegio de registradores de Valencia señala en más de 135.000 las fincas registrales afectadas con un impacto en más de 65.000 autónomos, 30.000 pymes y 370.000 trabajadores. Las cifras récord asustan.

El necesario renacimiento de una extensa área que ha sido cubierta por una gran alfombra de fango, escombros y amasijos de hierros, restos de vehículos, arboles, basura y animales, todo bajo un hedor insoportable que más allá de las terribles perdidas personales, de momento se han reconocido 215 fallecidos y 89 desaparecidos. Todo ello supone el verdadero colapso actual de la economía local de los municipios afectados por la destrucción de numerosos polígonos industriales, centros logísticos que daban soporte al puerto de Valencia, negocios, comercios y establecimientos de hostelería donde además se ha denunciado pillaje, vandalismo organizado y saqueo tras el desastre medio ambiental.

La gestión de la burocracia y de los procedimientos de solicitud es una clave más allá del importe global de las ayudas que se han solicitado por el Gobierno regional, 31.402 millones de euros.

Siempre nos va a parecer una cantidad insuficiente ante la magnitud de una catástrofe natural que para la mayoría de los ciudadanos y observadores, ha sido amplificada por las políticas públicas que permitieron durante años la construcción en zonas que ya se inundaron en la catástrofe de 1957 sin construir las obras hidráulicas para blindar estas zonas próximas a los barrancos.

En el Plan anunciado, se incluyen una serie de moratorias y medidas automáticas, beneficios fiscales que se aplican de forma directa como no tener que pagar el IBI, la reducción del IAE, reducción en IRPF e IVA para explotaciones y actividades agrarias, la eliminación de tasas de tráfico y por renovación de documentación de identificación. También el aplazamiento del segundo pago del IRPF para 200.000 contribuyentes residentes en la zona afectada. Son buenas noticias y su aplicación será rápida, sencilla y efectiva.

Pero no todo es automático. Los antecedentes vividos por los damnificados del terremoto de Lorca, del COVID o del volcán de la isla de La Palma nos muestran casos de uso reales de cómo el proceso burocrático de solicitar ayudas, subvenciones o préstamos es una clave del éxito o fracaso de la llegada de los fondos anunciados. Máxime en una situación como la actual donde vamos a encontrarnos con las gestorías administrativas y corredores de seguros de la zona totalmente saturados.

Además, debemos tener en cuenta que por la violenta inundación que ha ocurrido, muchos ciudadanos y empresas lo han perdido todo, incluidos los documentos oficiales de identificación físicos, pólizas, facturas y albaranes.

Es importante hacer un esfuerzo adicional, liderado por parte de las autoridades para establecer unidades adicionales provisionales, comisarias cercanas a las zonas afectadas para facilitar la renovación de los documentos de identificación, NIE, DNI y Pasaporte o permitir la identificación telemática directa imprescindibles para acreditar la titularidad de los solicitantes. Se ha previsto una habilitación para las oficinas de los registros civiles de uso de medios telemáticos para la tramitación y comunicación con los ciudadanos mientras persistan los efectos de la DANA.

Se contempla además, que los registradores emitirán de forma gratuita notas de localización de patrimonio inmobiliario u otros bienes cuando los titulares hayan perdido su documentación y se ha habilitado a las administraciones y al Consorcio de Compensación de Seguros a transmitir los datos personales para la gestión de unas ayudas que se han calculado en 70.000 solicitudes por un importe de 3.500 millones de euros.

A esta primera oleada de ayudas se sumará una línea de avales ICO-DANA hasta un importe de 5.000 millones de euros con garantía del Gobierno con destino a empresas y familias. Hay que revisar condiciones y garantías para evitar algunos de los errores cometidos en la época del COVID que han obligado a reembolsos que han supuesto un drama para algunas Pymes. También se ha solicitado a la Comisión Europea la Ayuda del Fondo Europeo de Solidaridad y de manera urgente al Parlamento Europeo un nuevo reglamento RESTORE para reprogramar fondos FEDER y FSE.

El presidente del Gobierno deslizó en la rueda de prensa que dichas ayudas adicionales futuras en lugar de ser gestionadas como en situaciones pasadas con cargo a créditos extraordinarios y regulados por un real decreto ley, se pretendía vincular su existencia a la aprobación de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado para 2025. Recordemos que el primer tramo de 10,600 millones de euros ha podido realizarse sin ese Presupuesto aprobado gracias a la técnica presupuestaria vigente conocida de sobra por todos quienes hemos trabajado en Hacienda.  De ser esto así se estaría produciendo una extorsión a los grupos de oposición utilizando a la población de valencia como escudo humano.

Son todas las medidas anunciadas imprescindibles, aunque de momento insuficientes para que se produzca el deseado renacimiento de la economía y del tejido empresarial de Valencia.  El Plan de Reconstrucción debería trabajarse con acuerdo y consenso entre las diferentes administraciones implicadas.

El planteamiento anunciado de vincular esas medidas a la aprobación de un bloque monolítico de los PGE sin negociación seria otro terrible error. Sobre todo, tras el fracaso vivido en primera línea por una población desbordada por un desastre natural que nos ha sobrecogido a todos, cuyo impacto inicial se ha acrecentado debido a una suma de negligencia, de falta de coordinación inicial, mal cálculo de los efectos de un relato incierto, incompetencia y soberbia política.

Occasio ad bonum commune concordandum

José Luis Moreno, economista, ha sido director de Economía en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento de Madrid. Analista económico y empresarial.