Un siniestro aniversario

Día 1 de junio, aniversario del establecimiento del régimen de Sánchez en España. Cuatro años que, sin duda, pasarán a la historia. Probablemente como el segundo acto del declive y posible desmoronamiento del socialismo español. Rodríguez Zapatero se hizo con el Gobierno tras la masacre terrorista del 11M y abrió un periodo negro en la corta historia de la España democrática. El PSOE ha sido el único partido en el mundo democrático que en vez de ponerse al lado del gobierno en tan crítica situación, lo atacó de forma injusta y despiadada.

Con Rodríguez Zapatero se puso de manifiesto un hecho rupturista: acatar la Constitución a la vez que establecer su deslegitimación por la Memoria Histórica. Este nefasto personaje dimitió cuando se constató la ruina de España. La legislatura de Rajoy no fue testigo de la catarsis necesaria, su prioridad fue salvar la economía a cambio de no cumplir un programa electoral apoyado por la mayoría de españoles, algo que dejo incólumes las fuerzas antiespañolas. La secesión catalana tuvo lugar porque el Estado no lo impidió.

Sánchez, el personaje del NO es NO, el de la tríada oscura, ocupa la presidencia del Gobierno tras una celada a Rajoy. Desde el primer día como presidente, el engaño, la hipocresía, la improvisación, el sectarismo, el nepotismo, la corrupción, el desconocimiento, el desprecio por los principios democráticos apuntaron al ejercicio de un absolutismo práctico. Sus evidentes objetivos: la jefatura del Estado y la abolición de la separación de poderes. Es decir, el modelo comunista imperante.

El Gobierno, alias de “coalición”, demostró desde el primer momento que la actuación colegiada era sólo un formalismo. La carencia de programa de gobierno es muestra de carencia de objetivos políticos, luego la gobernanza es reactiva y, por lo tanto, aleatoria. La criminal gestión de la pandemia vino a demostrar el grado de perversión e incompetencia del Ejecutivo, cualidad que no ha perdido oportunidad de practicar. El abuso de poder con el estado de alarma carece de antecedentes. El arte de gobernar sanchista se basa en la irresponsabilidad permanente. La famosa cogobernanza es un depurado procedimiento de endosar a otros lo que es indelegable: la responsabilidad de la seguridad nacional. Recuerdo que cuando escribí el artículo en diciembre del años 2019, Sánchez, un problema para la seguridad nacional, se me criticó con dureza en ciertos medios. Creo que fui demasiado comedido.

La calidad del personaje transciende fronteras y la distancia hacia él es notoria. Su prestigio internacional es irrelevante, excepto con los “hermanos castristas” del otro lado del Atlántico. Sus actuaciones internacionales, al carecer de política exterior, han socavado el prestigio de España. Los bandazos en su gestión personal de asuntos internacionales lo hacen acreedor de responsabilidades que podrán reclamarse cuando cese en el cargo.

Puede afirmarse que durante el mandato de Sánchez los ciudadanos son muy desiguales ante la ley. No puede haber territorios con privilegios, ni con trato especial, mientras a otros que no son de su cuerda se les penaliza. Los idiomas cooficiales se utilizan para la disgregación del Estado y en eso Sánchez es muy comprensivo, con sus mantenedores. El daño será difícil de reparar. El presidente, rutinariamente, actúa sin prever las consecuencias de sus actos, pues la improvisación es su forma de proceder.

Hay que poner de manifiesto que los mecanismos de autoprotección del Estado no han funcionado y han permitido la arbitrariedad, sin que se hayan puesto límites al desafuero. Cuando cese en el cargo, habrá dejado una España desequilibrada, frágil, dividida y empobrecida. Las instituciones socavadas y la seguridad jurídica ausente. Todo ello en un mundo nuevo e incierto, al que va a ser difícil adaptarse y donde el estado soberano será el actor. Nadie va a regalar nada.

Sánchez hará daño mientras siga en la Moncloa, pero las fuerzas políticas nacionales deben, desde ahora, planificar la reconstrucción de España, renovar y fortalecer el contrato social, implantar la igualdad entre españoles y mirar al futuro. El Estado de derecho supone que todos los ciudadanos tienen que rendir cuentas ante la ley. Deben de establecer los sistemas de defensa del Estado, que impidan la arbitrariedad en el ejercicio del poder político. Tenemos un partido político capaz de liderar esta ardua tarea, pero es necesario una convergencia de los llamados constitucionalistas. Este asunto es muy grave y el tiempo apremia.