Seis llamadas que demuestran que el fiscal general iba a saltarse la ley
A estas alturas, parece evidente que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, está detrás de la revelación de secretos del caso del novio de Isabel Díaz Ayuso. El análisis detallado de los registros telefónicos por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) revela que el fiscal general mantuvo una postura contumaz a la hora de forzar a la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, que lidera Almudena Lastra, a que lanzara una nota de prensa oficial detallando información de naturaleza estrictamente confidencial de la pareja de la presidenta madrileña, con el ánimo expreso de causarle a ésta un perjuicio político. Ocurrió que la fiscal madrileña no le cogió el teléfono y finalmente García Ortiz publicó -pasándose la ley por el forro de la toga- la nota por su cuenta, con el logotipo de la Fiscalía Provincial de Madrid, que tiene un rango por debajo de la regional y que nunca emite notas de prensa.
Cómo sería la cosa que García Ortiz telefoneó seis veces en veinte minutos, entre las 9:08 de la mañana y las 9:28 de la mañana, a la fiscal Lastra. A las 09.25 le envió un whatsapp: «Almudena, la nota [de prensa] está correcta en fechas y contenido. Hay que sacarla, si tardamos se impone un relato que no es cierto y parece que los compañeros no han hecho bien su trabajo. Es imperativo sacarla». A las 09:37 insiste: «Almudena, no me coges el teléfono. Si dejamos pasar el momento nos van a ganar el relato».
Tal como también declaró Lastra ante el juez, ella recibió una llamada del fiscal general en la que le solicitó «expresamente e invocando su autoridad jerárquica» todos los correos entre el fiscal del caso y la defensa de González Amador. Ella no los envía, pero sí lo hace su subordinada, la fiscal provincial Pilar Rodríguez, ex alto cargo del Gobierno con el PSOE. Lastra se molesta porque sabe que eso supone que se iban a «filtrar» provocando un delito de revelación de secretos. «Eso no importa ahora», le dijo el fiscal general al respecto. Los hechos son tozudos, por mucho que el fiscal pretenda borrar ahora las huellas del delito.
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