Sánchez pone en peligro la seguridad del Estado

En el colmo de la ignominia, el presidente del Gobierno se ha saltado el secreto oficial fijado por acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de febrero de 1996 al responder a la pregunta del portavoz del PNV, Aitor Esteban, sobre si la Policía y la Guardia Civil manejan uno de los software israelíes (Pegasus y Candiru) que, según los separatistas catalanes, fueron utilizados para espiar a los sediciosos. Sánchez fue claro: «La respuesta es que no, no porque lo haya dicho yo, sino porque el Ministerio del Interior, precisamente hace semanas, ya clarificó que no tenían ese programa informático».

Cómo sería que hasta el propio Esteban se sorprendió de la contestación: «Que lo diga usted es importante. Yo por el momento tomo nota. Y ya veremos de aquí a unos meses que es lo que pasa. Le pediría que, en cualquier caso, se asegure». Parece evidente que el diputado del PNV era consciente de que Sánchez se había excedido y vulnerado una regla de estricto cumplimiento. Y es que, como ha quedado dicho, el Consejo de Ministros del 16 de febrero de 1996, entonces con el socialista Felipe González todavía al frente, aprobó el acuerdo «por el que se clasifican determinados asuntos y materias con arreglo a la Ley de Secretos Oficiales» que «otorga, con carácter genérico, la clasificación de secreto a la estructura, organización, medios y técnicas operativas utilizadas en la lucha antiterrorista por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como sus fuentes y cuantas informaciones o datos puedan revelarlas». El fin de esa ley era obvio: garantizar al máximo la seguridad.

Y ese acuerdo fue en el que se justificó el Gobierno de Sánchez para no dar detalle alguno a los separatistas catalanes sobre los medios empleados en la intervención de sus comunicaciones. En una respuesta al portavoz del PDECat en el Congreso, Ferrán Bel, que, preguntó al Gobierno por escrito en julio de 2021 cuáles eran los programas informáticos que, entre 2010 y 2021, han utilizado y utilizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para intervenir teléfonos móviles y comunicaciones telefónicas de ciudadanos españoles, el Gobierno apeló al acuerdo de Consejo de Ministros de 16 de febrero de 1996 que declaraba secreta dicha información. Ahora, Sánchez ha desvelado un secreto que compromete la seguridad del Estado. ¿Torpeza? Mucho peor que eso: connivencia con el separatismo.