Reforzar el Código Penal frente a la amenaza separatista es reforzar la democracia

El PP ha matizado su propuesta de reforma penal para castigar la deslealtad constitucional y ha aclarado su postura sobre la sanción a los referendos ilegales, algo de agradecer habida cuenta de que las explicaciones sobre su enmienda de totalidad a la proposición de ley de amnistía ofrecían aspectos que se prestaban a la confusión. La aclaración del PP va por el buen camino y no presenta reproche alguno, todo lo contrario, porque el objetivo es cubrir el agujero que en nuestro Código Penal ha causado la derogación sanchista del delito de sedición. Se trata de impedir que el separatismo haga de su capa un sayo y ponga en jaque el Estado de Derecho sin que este tenga mecanismos de defensa. De modo que la propuesta del PP apunta en una triple vía: la disolución de partidos y organizaciones que inciten a la desobediencia respecto a la legislación vigente, convoquen referéndum ilegales y proclamen declaraciones unilaterales de independencia.

No se trata en ningún caso de ilegalizar ideas, sino de penalizar comportamientos que vayan contra el ordenamiento jurídico. La iniciativa del PP, convenientemente aclarada, es un paso decisivo en la defensa del orden constitucional, porque la realidad es que Pedro Sánchez ha despojado al Estado de instrumentos de protección que sí existen en otras naciones europeas, por mucho que el Gobierno siga negando de forma mendaz la evidencia. Alemania, Italia, Portugal, Francia, Bélgica o Suiza castigan los intentos de secesión o ruptura con el orden constitucional vigente, cada uno con un enunciado en sus códigos penales diferente. En el caso de Alemania, su código penal castiga hasta con cadena perpetua la alteración del orden constitucional y los intentos de escindir una parte del Estado alemán (art. 81). De modo que Sánchez -nada nuevo- miente. Lo que supone una amenaza para la democracia española es que carezca de instrumentos legales para poder defenderse frente a quienes pretenden violentarla.