Ley de Nietos, no, Ley de Tataratataratataranietos

Ahora que el Tribunal Supremo ha decidido suspender la inscripción en el censo de los nacionalizados en virtud de la denominada Ley de Nietos, convendría detenerse un rato a desenmascarar la trampa del Gobierno y sus efectos. En realidad, la norma, trucada convenientemente por la puerta de atrás por la entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia, Sofía Puente, hermana del ministro de Transportes, permite extender la nacionalidad a sucesivas generaciones a través del Código Civil. Fue en mayo de 2023 cuando Puente remitió un oficio a los cónsules para aclarar sus dudas sobre el alcance del proceso para la obtención de la nacionalidad. Los responsables consulares preguntaban si los hijos e hijas menores de edad de aquellos españoles que adquirieron (por la Ley de Memoria Histórica) o adquieran (por la Ley de Memoria Democrática) la nacionalidad podían optar, a su vez, a la nacionalidad en base a la Ley de Memoria en vez de hacerlo por el Código Civil. Y la directora general contestó tajante: «En cualquier caso, podrán optar por la nacionalidad española en aplicación del artículo 20.1.a) del Código Civil».

Quiere decir que esta circunstancia abre la puerta a un efecto expansivo de la Ley de Nietos, pues el acceso a la nacionalidad ya no se circunscribe únicamente a los descendientes de emigrantes españoles que la hayan adquirido en virtud de dicha norma. Las sucesivas generaciones podrán ir adquiriendo dicha nacionalidad recurriendo al Código Civil, que en su artículo 20.1.a) establece que «tienen derecho a optar por la nacionalidad española las personas que estén o hayan estado sujetas a la patria potestad de un español». Dicha vía permite el acceso a la nacionalidad a los menores de edad. O sea, la cadena de acceso a la nacionalidad no tendrá fin. Y con ello tampoco sus consecuencias electorales. La obtención de la nacionalidad española es el primer paso para tener derecho al voto. Y a partir de ahí, eternamente.