¿Quién protege el derecho a utilizar la lengua común en Cataluña?

“El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a hablarla”.

• Artículo 3.1 de la Constitución Española.

Hablar en español es un derecho y, como tal, su ejercicio ha de ser protegido por las autoridades públicas. El castellano no es una lengua española más; es la lengua española oficial del Estado. El resto de lenguas oficiales en determinadas Comunidades Autónomas también son españolas, pero solo el castellano es la lengua común de todos los ciudadanos españoles.

Es español es la lengua que nos permite a todos participar de forma activa y en igualdad de condiciones en todos los asuntos de interés común. Es la lengua que hablan más de cuatrocientos millones de ciudadanos en todo el mundo, la segunda lengua más hablada del planeta Tierra, lo que la convierte, además, en un instrumento de competitividad para las personas y para el país, más importante si cabe para los ciudadanos con menor capacidad adquisitiva.

Como supondrá cualquier lector que haya llegado hasta aquí, todo esto viene a cuento de la última vulneración de ese derecho constitucional perpetrada por la portavoz del gobierno del supremacista Torra. No es la primera ni será la última vez que en un espacio público, y para hacer su trabajo, se prohíbe utilizar su lengua a un ciudadano español. Tampoco es sorprendente cuando este hecho se lleva a cabo por la misma gente que es responsable de educar en el odio y en la mentira en las escuelas catalanas, los mismos que incumplen las sentencias de los tribunales y les niegan a los padres el derecho a que sus hijos sean educados en la lengua materna.

Precisamente el hecho de que no sea ni novedoso ni sorprendente ha de impulsarnos a hacer algo más que escandalizarse y rasgarse las vestiduras en editoriales y tertulias por lo que hacen los supremacistas. Pongamos el foco donde procede: ¿Quién protege los derechos de los ciudadanos privados de utilizar su lengua en su propio país? ¿Qué va a hacer el Gobierno de España? ¿Qué van a hacer los partidos llamados constitucionalistas? ¿O nadie va a hacer nada más que soltar unos cuantos adjetivos?

Normalización no es exclusión 

España necesita desde hace mucho tiempo una ley que garantice determinados derechos básicos lingüísticos de los ciudadanos; una ley basada en la igualdad de trato entre aquellos ciudadanos que libremente quieran usar el español y aquellos que quieran utilizar cualquiera de las distintas lenguas españolas de ámbito autonómico. El objetivo de esa ley no sería conseguir más y mejores hablantes del español, sino garantizar el derecho de todos los españoles a utilizar su lengua en cualquier parte de España en la que se encuentre.

En España se ha llamado normalización lingüística a excluir la lengua común del ámbito educativo y/o del ámbito institucional en aquellas Comunidades Autónomas en las que existía otra lengua española oficial. La normalización ha sido un ariete de las políticas nacionalistas que ha contribuido a crear la ficción de dos comunidades políticas, caracterizadas por la lengua que usan, que conviven en un mismo territorio. Y la imposición de la lengua llamada propia sobre la que es común ha sido también la forma de demostrar quién manda. Ya se sabe que pervertir el lenguaje es el primer paso para pervertir la política y hasta la propia democracia; y en esta materia los pervertidores han tenido un éxito notable.

Claro que esta situación no es nueva. Hace años que existen muchas razones para preocuparse por la situación institucional de la lengua castellana y por la vulneración de derechos de los ciudadanos, que reivindican su derecho a utilizarla como lengua principal de comunicación democrática, así como de los derechos educativos y cívicos de quienes la tienen como lengua materna o la eligen como vehículo preferente de expresión, comprensión y comunicación.

Como dijimos en un Manifiesto en Defensa de la Lengua Común, presentado allá por el 2008: “Todas las lenguas oficiales en el Estado son igualmente españolas y merecedoras de protección institucional como patrimonio compartido, pero sólo una de ellas es común a todos, oficial en todo el territorio nacional y por tanto sólo una de ellas -el castellano- goza del deber constitucional de ser conocida y de la presunción consecuente de que todos la conocen (…) Contar con una lengua política común es una enorme riqueza para la democracia, aún más si se trata de una lengua de tanto arraigo histórico en todo el país y de tanta vigencia en el mundo entero como el castellano”.

Ni los territorios ni las lenguas tienen derechos. Los derechos son de los  ciudadanos; las lenguas autonómicas oficiales no tienen el derecho a imponerse como prioritarias ni en una rueda de prensa ni en la escuela; y mucho menos a llamar a eso normalización lingüística. Pero como pasan los  años y todo sigue… peor; y como vivimos un tiempo de pactos y nada se puede esperar de quien nos gobierna y seguirá haciéndolo en complicidad (ahora le llaman cooperación) con los supremacistas, me atrevo a utilizar esta columna para instar a los partidos y a los colectivos sociales constitucionalistas a que se pongan de acuerdo y elaboren una ley que garantice de forma efectiva los derechos lingüísticos de los ciudadanos, únicos titulares de los mismos. ¡Eso sí que sería un Pacto de Progreso!