Un presidente disfuncional

El presidente del Gobierno en funciones, desde Bruselas y tras el Consejo extraordinario relativo al Brexit, manifestó en relación con la situación de desorden público existente en Cataluña que las medidas a tomar por el Gobierno deben contar con “legitimidad social” y ser comprendidas por el conjunto de la ciudadanía. La gravedad de esta declaración es solo comparable con su tremenda irresponsabilidad.

El mantenimiento del orden público y el respeto de la legalidad vigente deben ser la prioridad de cualquier gobierno. Sin embargo, el presidente se atreve a justificar la ausencia de medidas efectivas contra los irresponsables dirigentes de la Generalidad por no contar con un supuesto respaldo social. Pues bien, en primer lugar, me cuesta creer que la sociedad española de forma mayoritaria entiende que el señor Torra y sus esbirros continúen siendo los máximos representantes ordinarios del Estado en Cataluña, tal y como jurídicamente les corresponde.

En segundo lugar, el presidente olvida (y esto es lo realmente grave) que el cumplimiento de la ley, la garantía y el respeto de las libertades de los ciudadanos que quieren trabajar y desarrollar su vida libremente, no puede ser moneda de cambio por parte de los poderes públicos. Con su declaración, el Sr. Sánchez pone de manifiesto, sin ambages, que su política se guía exclusivamente por lo que sus asesores le dicen que piensa esa “mayoría social” de la que continuamente habla. Las declaraciones, además de tremendamente frívolas, suponen el abandono de hecho a la mayoría de catalanes que están viendo coartada su libertad cada día y cada noche desde el pasado 14 de octubre. El requerimiento previo, anterior a una eventual aplicación del art. 155 CE, está plenamente justificado ante la connivencia, cuanto menos, de las autoridades autonómicas de Cataluña con los líderes de los desórdenes públicos.

Además, se deberán exigir las correspondientes responsabilidades penales que, en su caso, pudieran derivarse. El mantenimiento de la paz, la convivencia y, en fin, del Estado de Derecho, no deben ser moneda de cambio ni utilizarse jamás como instrumento electoral. Nos estamos jugando nuestra democracia y la defensa de la Constitución. Por tanto, no debemos permanecer impasibles ante la irresponsabilidad de este Gobierno disfuncional.

José Manuel Maza Muriel es abogado y candidato al Congreso de los Diputados por el Partido Popular.