Un pacto que resucita la separación de poderes

La gran pregunta es por qué se han tardado cinco años, porque el acuerdo entre el PSOE y el PP para renovar el CGPJ representa, sin duda, un avance sustancial en la despolitización de la justicia y un reforzamiento de la amenazada separación de poderes. En suma, el acuerdo abre las puertas a que los jueces nombren a los jueces, apostando por perfiles profesionales entre los vocales de un Consejo General del Poder Judicial que ya no verá más las puertas giratorias -políticos de uno y otro signo ocupando una plaza en el órgano de los jueces- y que necesitará de mayorías reforzadas para designar a los miembros del Supremo y otros órganos jurisdiccionales del Estado, siendo necesario el consenso entre los vocales para las designaciones de jueces (13 votos).

Es un avance en toda regla y la pregunta, de nuevo, es por qué se han tardado cinco años. En el PP existía desconfianza ante el temor a una maniobra del PSOE, que parece -a tenor de lo acordado- que ha cedido más que los populares.

Ahora serán los veinte vocales consensuados entre ambos partidos los que designen al presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo -se necesitará una mayoría de doce miembros- y será el órgano de los jueces el que elabore un proyecto para reformar a través de una ley orgánica el nuevo sistema de designación del Consejo.

En suma, todo un cambio de rumbo en el que los populares han logrado imponer sus líneas básicas frente a un PSOE que ha terminado por ceder en algunos aspectos clave, porque fue el ministro Félix Bolaños el que en septiembre de 2021 dijo aquello de que «en una democracia plena, los jueces no pueden elegir a los jueces». Parece evidente que el pacto refuerza la independencia judicial y otorga a los jueces mucho mayor margen para nombrar a los miembros de la judicatura. Porque precisamente una democracia es más plena cuanto más sólida sea su separación de poderes.