No a la dictadura, sí a la libertad

El Tribunal Constitucional ha levantado este jueves la prohibición de la fiesta de los toros en Cataluña y lo ha hecho por una amplia mayoría de ocho votos contra tres. Esta noticia no tendría ni siquiera que haberse dado en un país que respetara sus tradiciones y las libertades, pero España se convirtió en los últimos años de la pasada década en un concurso de a ver quién deslegitimaba más las leyes y revisaba con más descaro nuestra historia, sobre todo desde los nacionalismos periféricos y especialmente desde una Cataluña que vio cómo sus políticos jugaban al independentismo por la vía de boicotear todo lo que sonara a español e imponer su dictadura ideológica en todos los ámbitos.

En julio de 2010, el Parlamento de Cataluña aprobó con una gran división de la Cámara –68 votos a favor, 5 en contra y 9 abstenciones–la ley que prohibía «las corridas de toros y los espectáculos con toros que incluyan la muerte del animal y la aplicación de las suertes de la pica, las banderillas y el estoque». Pero no se quedaba ahí, sino que demostraba la ideologización antiespañola de la norma al vetar también «los espectáculos taurinos de cualquier modalidad que tengan lugar dentro o fuera de las plazas de toros».

La sentencia emitida este jueves por el TC demuestra que las instituciones en España funcionan en defensa de la libertad. Cumpliendo su cometido, y lejos de entrar en argumentaciones tan sesgadas como las de quienes quisieron imponer su dictadura ideológica a los ciudadanos, el Alto Tribunal ha declarado inconstitucional la norma porque «invade las competencias del Estado». Según el Constitucional, la Generalitat de Cataluña puede «regular» los espectáculos taurinos o «vetar» un espectáculo concreto, pero nunca «prohibir» una fiesta que es «patrimonio cultural» por decisión del Gobierno central.

Así, el Tribunal Constitucional cumple su función de defender las libertades de todos los españoles, en un país donde la tradición taurina se remonta al medievo incluso en Cataluña, donde las crónicas de estas fiestas se remontan al siglo XII. Además, se da la circunstancia de que la ponente del fallo ha sido la prestigiosa magistrada catalana Encarnación Roca, nombrada en 2012 a propuesta del antiguo grupo parlamentario de Convergència i Unió, lo que –para todos los que todavía quisieran seguir jugando a la deslegitimación– elimina, si es que la hubiera, toda sospecha de sesgo ‘españolizador’ de la sentencia.