México, el reinado del crimen organizado

La desaparición forzada ya es una práctica normalizada en un Estado fallido como México incapaz de enfrentar este calvario humano. El hallazgo del Rancho Izaguirre en Teuchitlán (Jalisco) se erige como un ejemplo brutal del azote que atraviesa al país y refleja el colapso de un Estado que no puede combatir la crisis que posiciona a México entre las naciones más violentas del mundo sin estar en guerra formal.

El 5 de marzo, respondiendo a una advertencia anónima, el colectivo “Guerreros Buscadores de Jalisco” descubrió que en un predio de 5.000 metros cuadrados, ubicado en La Estanzuela, funcionaba un campo de exterminio y adiestramiento de uno de los cárteles mexicanos más importantes: el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El lugar, que a simple vista parecía un rancho abandonado, tenía tres hornos crematorios clandestinos, restos óseos, equipajes y más de 1.300 objetos personales.

El hallazgo que recuerda a más de 124.000 ausencias. El Rancho Izaguirre, un lugar olvidado entre cañaverales a diez minutos de la cabecera municipal de Teuchitlán –un pequeño pueblo de 9.000 habitantes–, ya tenía denuncias y fue intervenido por la Guardia Nacional en septiembre de 2024. En ese entonces se detuvo a 10 personas, se rescató a dos secuestrados y se halló un cadáver, pero no se reportaron hornos ni fosas.

Sin embargo, el 5 de marzo, alertados por una llamada anónima de alguien que afirmó haber estado cautivo, los familiares de desaparecidos decidieron realizar su propia investigación. Con varillas y palas, las buscadoras, expertas en detectar tierra manipulada y putrefacción enterrada, hallaron cientos de fragmentos de hueso quemados emergiendo del suelo.

En las construcciones del rancho encontraron cantidades enormes de ropa –305 pantalones, 154 pares de zapatos, 143 cobijas, 18 maletas, 170 mochilas–, además de juguetes y guantes de boxeo. La Fiscalía de Jalisco logró catalogar 1.308 objetos, un inventario perverso que conecta con las más de 15.000 desapariciones sólo en Jalisco. No se sabe cuántas personas murieron ahí.

El reinado del crimen organizado

Las investigaciones señalan que el CJNG usaba el rancho para entrenar reclutas, algunos forzados, otros atraídos por la narcocultura, y deshacerse de los cuerpos de quienes ya no les servían. Existen testimonios de torturas, esclavitud y peleas a muerte. Un sobreviviente, Roberto, contó al medio Radio Fórmula que llegó al rancho en 2023 tras aplicar a un supuesto programa laboral para trabajar en la cosecha en Estados Unidos. Engañado con una visa H-2A, fue llevado desde Chilpancingo con 70 personas a Jalisco, donde cosechó fresas bajo reglas estrictas: encerrados en tráileres, sin comunicación y con zonas prohibidas. Escapó tras un incidente con hombres armados.
En el predio se encontraron estructuras que indican que se usaba también como espacio de entrenamiento como caminos de obstáculos y trincheras.

El caso Teuchitlán no es aislado: México registra más de 5.600 fosas clandestinas, desde La Bartolina en Tamaulipas hasta Colinas de Santa Fe en Veracruz. Sin embargo, este hallazgo pone en evidencia la negligencia sistémica. En septiembre, tras el operativo de la Guardia Nacional, la Fiscalía de Jalisco aseguró que no existía nada de lo que hoy se exhibe.

Un posterior informe de la Fiscalía General de la República señaló 13 omisiones cometidas por las instituciones estatales, como no rastrear indicios, no procesar vehículos robados, no identificar huellas ni investigar nexos con autoridades locales. Para colmo, el predio quedó abandonado, pese a estar bajo custodia.

La FGR exige un peritaje definitivo, y a causa del escándalo, la presidente Claudia Sheinbaum calificó el hecho como “terrible” y anunció medidas –unificar registros, equiparar la desaparición a secuestro, fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda–, pero en un país con decenas de miles de asesinatos anuales, la reacción presidencial parece oportunista.

Si bien no existe un conteo “oficial” de cárteles activos, se identifican al menos nueve organizaciones criminales transnacionales. Según reportes de Global Guardian y el Consejo de Relaciones Exteriores actualizados en 2024, se pueden listar: Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel de Sinaloa, Los Zetas, Cártel del Golfo, Cártel de Juárez, Los Rojos, Guerreros Unidos, Cártel de Santa Rosa de Lima y Cártel del Noreste. Además, existen decenas de grupos menores y células locales que operan bajo estas estructuras o de forma independiente.

El Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa representan el 64% de las muertes por enfrentamientos entre cárteles desde 2018. La fragmentación del Cártel de Sinaloa tras la captura de líderes como Joaquín «El Chapo» Guzmán y las pugnas internas entre Los Chapitos y la facción de Ismael «El Mayo» Zambada han intensificado la violencia. El CJNG ha expandido su presencia a 28 de los 32 estados, consolidándose como una de las organizaciones más letales.

El 2024 fue un año particularmente violento no sólo para los ciudadanos de a pie. Al menos 37 candidatos fueron asesinados antes de las últimas elecciones. En 2023, más de 170 políticos, funcionarios y familiares fueron asesinados, y en 2024, la violencia política continuó tras las elecciones, destacando el asesinato del alcalde de Chilpancingo, Guerrero, decapitado en octubre, días después de asumir el cargo.

El inventario del horror

Las 1.308 prendas encontradas son un catálogo de la impunidad con la que los cárteles se manejan a lo largo y ancho del país. Recientemente, Estados Unidos clasificó al CJNG como terrorista, pero en México son amos y señores. A raíz del inventario y de las promesas de buscar en las prendas el ADN de los desaparecidos, los buscadores reciben llamadas de sobrevivientes y familias para revisar el listado, aunque la Fiscalía advierte que no garantiza identificaciones.

En medio del escándalo del hallazgo del Rancho Izaguirre, han surgido rumores de que la Fiscalía de Jalisco pudo haber limpiado pruebas antes de abrir el predio a medios y colectivos de búsqueda, una denuncia que Sheinbaum puso en duda durante una de sus conferencias matutinas: “¿Qué posibilidad habría de que eso hubiera ocurrido frente a lo que dijeron que había ahí?”. Sin embargo, el pasado viernes, el diario El Sol de México publicó en portada las acusaciones de los buscadores sobre una presunta manipulación del lugar, alimentando la desconfianza hacia las autoridades locales.

Por otro lado, el sábado 22 de marzo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó la detención de José Gregorio “N”, alias «Lastra», presunto líder de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación, sospechado de ser responsable del reclutamiento en el rancho. Capturado en Cuajimalpa, Ciudad de México, tras meses de investigación, «Lastra» es vinculado no sólo a Teuchitlán, sino a otras operaciones de adiestramiento, representando un avance significativo en el caso, aunque las incógnitas sobre la magnitud del horror persisten.

La violencia en México no cede y la incapacidad del sistema para desmantelar las redes de corrupción que protegen a los cárteles se acerca mucho a la complicidad. La detención de «Lastra» no altera el panorama estructural. Los rumores de limpieza de pruebas refuerzan la desconfianza en las instituciones. El caso de Teuchitlán es apenas un reflejo de una crisis que trasciende cifras y expone el pozo de criminalidad en el que se hunde México.