¿Magistrados conservadores o progresistas? Más de lo mismo

El pacto PP-PSOE para la renovación de los vocales del CGPJ ha sido saludado con entusiasmo por muchos comentaristas políticos al entender se equilibra la correlación de fuerzas en el Gobierno de la Justicia. Todo pasa por interpretar que hay diez miembros del generalato judicial que responden a los intereses de cada uno de los dos principales partidos políticos. Casi como si fuera un trasunto de un grupo parlamentario. Y es precisamente ahí donde reside nuevamente la trampa del sistema. Poco dice lo anterior de la independencia del Poder Judicial, que su máximo Órgano de Gobierno refleje de modo preciso la expresión y voluntad de los intereses políticos.

Como brote de esperanza, ya veremos si se cumple, se dice en el pacto que se va a modificar el sistema de designación de vocales para que los 12 de procedencia judicial sean elegidos por los jueces. Eso no es otra cosa que respetar el espíritu constitucional que alteró la controvertida Ley Orgánica de 1985, por obra y gracia del actual santón constitucional que hoy es Alfonso Guerra, y su ocurrencia sobre la muerte Montesquieu. Se quería y se ha querido durante todos estos años, también por el PP que ha tenidos dos mayorías absolutas en el Congreso y no lo ha hecho, controlar los nombramientos de las altas magistraturas. Y en efecto, el pacto va en ese sentido, o un nuevo reparto de los cromos como si los magistrados a elegir fueran a obedecer la consigna del portavoz parlamentario.

Desde luego la propia filiación de los magistrados que integran el Tribunal Constitucional responde a la misma noción de la bancada judicial, siquiera no formen parte de Poder Judicial; cuando se les denomina progresistas o conservadores no ayuda mucho a fomentar la comprensión por la ciudadanía de que actúan con criterios exclusivamente técnicos. A lo que se suma en definitiva que cuando hay un debate ideológico y con impacto político, siempre votan militarmente en uno u otro sentido según correspondan a la filiación de origen.

La carrera judicial no está solo integrada por miembros de la asociación que llaman conservadora, o de la que se proclama progresista, siendo superior el número de los no asociados, o pertenecientes a otras asociaciones judiciales. Sólo por esa regla de tres debería pretenderse que los vocales de cualquier Consejo se eligieran conforme a criterios de excelencia profesional, dicho sea, con respeto al excelente curriculum de los ahora nombrados, y no por el sesgo y convicción de que actuaran en esa España de dos espejos en la que seguimos mirándonos, y que suele dejar un regusto valleinclanesco. Confiemos en que en estos cinco años constituyentes del nuevo Consejo ojalá se apuntale de una vez por todas el prestigio y la independencia judicial.