Apuntes Incorrectos

La luz: Sánchez socava el mercado y la libre empresa

La luz: Sánchez socava el mercado y la libre empresa

La verdad es que desde que dirige El País la inefable Pepa Bueno y está al cargo de la opinión Jordi Gracia no ya es que sea el periódico global, sino que es una caja de sorpresas. Como todo el resto de la prensa progresista, está encantado con la intervención del Gobierno en el mercado eléctrico, porque la subida imparable de los precios les sacaba de los nervios. ¿Por qué un gobierno progresista consiente semejante atropello? Se preguntaban ofendidos.

Como son encantadores, el otro día especulaban con que de no haber dado Sánchez un paso adelante “el encarecimiento de la electricidad amenazaba con abrir una fractura social de inquietantes semejanzas a la protagonizada en Francia por los chalecos amarillos o a las movilizaciones que había sufrido Europa del Este a raíz del aluvión migratorio de 2015”.

Así piensan estas mentes portentosas a las que traiciona el subconsciente. Porque, en efecto, si está explosión del precio de la electricidad hubiera sucedido con un Gobierno de derechas, hace tiempo que habría habido muertos.

A cambio de haber evitado este escenario patibulario, el presidente Sánchez ha socavado los cimientos de la economía de mercado y, a la vez, el espíritu genuino de las sociedades libres y abiertas. Su decisión de purgar a las eléctricas recortando arbitrariamente sus beneficios tendrá unas consecuencias nocivas para la reputación del país.

Siendo esto básicamente criminal, lo peor es cómo el presidente ha presentado públicamente la medida. Asegurando que las compañías del sector tenían unos beneficios exorbitados, diciendo que se podían permitir el recorte manu militari de sus excedentes y que el bien común exigía un reparto equitativo de los costes para arreglar el dolor causado por el capitalismo salvaje.

Sólo se me ocurre una frase para definir esta clase de desarreglos intelectuales, y es que avanzamos con paso firme hacia el comunismo, algo que no es demasiado sorprendente si tenemos en cuenta que la vicepresidenta Yolanda Díaz acaba de escribir que el Manifiesto de Marx es una joya de la historia.

¿Quién se considera capacitado, y menos un presidente de un estado occidental, para afirmar que las empresas -que están obligadas a lograr el mayor beneficio posible- ganan más de la cuenta? ¿Quién es para obligarlas a perjudicar a sus accionistas, entre ellos ciudadanos corrientes que han invertido directamente en ellas o a través de fondos de pensiones, aunque no sean conscientes?

El signo fatal del comunismo es el asalto a los derechos de propiedad, y esto es lo que ha perpetrado Sánchez porque sencillamente no cree en el mercado o tiene, como máximo, un concepto utilitarista del mismo. La confiscación de la cuenta de resultados de las sociedades señaladas por la acusación popular destruye la seguridad jurídica, retraerá la inversión exterior -que es crucial para el desarrollo de la nación- y sienta un precedente para el resto de las empresas brillantes y excelentes que, de acuerdo con la tesis oficial, obtengan beneficios considerados excesivos -y por tanto punibles- por el moralismo militante de la progresía nacional. Supongo que Mercadona o Zara pueden darse por avisadas, porque de quien dirige el Estado en estos momentos se puede esperar cualquier cosa.

Después del latrocinio del Gobierno sobre los beneficios de las eléctricas, las empresas del sector han caído a plomo en bolsa. Su cotización ha bajado más de ocho mil millones perjudicando a la gente que había hecho sus cálculos de ahorro, de rentabilidad, de futuro, esos a los que, por utilizar el lenguaje oficial, tienen el mismo derecho que el resto a no quedarse atrás. Según todos los bancos de inversión, el Gobierno ha aumentado la incertidumbre regulatoria y la prima de riesgo asociada a las inversiones en España, y ha ejecutado este desafuero ante la mirada impasible de la vicepresidenta Calviño, teórica guardiana de las esencias. ¿Por qué no se marcha? ¿Qué le ata a La Moncloa si ya no puede hacer más el ridículo?

El futuro de un país depende de las expectativas que genere el Gobierno de turno, de la previsibilidad de sus políticas, de la seguridad del sistema judicial, de la flexibilidad de las empresas para competir. Pero todas estas condiciones inexorables para alcanzar el éxito son completamente ajenas a la estrategia de Sánchez. Seguro que a buena parte de la opinión pública ayuna de conocimientos económicos y sobrada de propaganda le parece perfecta la intervención oficial con el propósito muy poco factible de doblegar el precio de la luz. Ignora los enormes inconvenientes que entraña, los perjuicios que ocasionará y el balance tremendamente negativo de esta apuesta en favor de una falsa justicia social y un impostado interés común.

Puede que siga llegando inversión a España porque la economía va a continuar pujante durante un tiempo, pero desgraciadamente mucho menos de la que podría venir si tuviéramos un Gobierno decente y bien orientado. La única regla imperturbable de la ciencia económica es muy sencilla: la gente, los ciudadanos, los inversores, los empresarios responden a los incentivos. El señor Sánchez los ha destruido todos. A partir de ahora, será el Gobierno el que dicte lo que hay que ganar, los beneficios correctos y los extras que al parecer corren a cargo de los parias de la tierra.  Es un escenario terrible.

Como bien ha escrito el experto Pedro Mielgo, el Ejecutivo ha decidido cambiar las reglas del mercado energético a mitad de partido, sin previo aviso, sin discusión, sin diálogo y con poco sentido. Ha decidido castigar las energías limpias y baratas -las hidráulicas, las renovables y la nuclear- y además en plena transición energética. La decisión de limitar el incremento de la factura del gas no es otra cosa que lo que se hizo a partir de 2001 y hasta 2013 -igualmente con los socialistas en el poder- con el famoso déficit de tarifa: aplazar a los consumidores el pago de unos costes reconocidos que ha habido que sufragar después con intereses.

Y se ha incurrido en todo este pandemonio para cumplir la estúpida y falaz promesa de Sánchez de que la luz sería a final de este año tan barata como en 2018; para satisfacer a los socios comunistas del Gobierno, que llevan tiempo porfiando por minar a las compañías energéticas -así como por crear una empresa pública al efecto- y para aliviar la presión diaria de todas las televisiones, incluso las adictas, sobre el precio de la luz.

Hay que esperar que las empresas impugnen la arbitrariedad del Ejecutivo en los tribunales y naturalmente que ganen el pleito. ¿Creen que esto le importa a Sánchez? En absoluto. Le da igual todo. Para cuando los tribunales diriman, y si hay suerte, ya no estará en el Gobierno. Esto no habrá evitado sin embargo haber causado un daño enorme al prestigio y la imagen exterior de la nación, haber sido la comidilla apestosa de toda la banca de inversión del planeta, haber disuadido miles de millones de inversión extranjera y haber difundido entre la opinión pública el mensaje letal para el futuro de España de que las empresas son nocivas, que roban, y que en cambio el Estado, que regularmente es el obstáculo para la prosperidad, ha pasado a convertirse en la única solución.

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