Pidió 3 horas de permiso pero su jefe le puso un GPS en el coche: ahora la Justicia dicta sentencia

En la actualidad, el desarrollo tecnológico ha transformado profundamente las dinámicas laborales. El control de la actividad de los empleados ya no se limita a la supervisión directa, sino que ahora se puede ejercer a través de dispositivos digitales que permiten a las empresas monitorear, en tiempo real, el comportamiento y la localización de sus trabajadores. Entre estas herramientas, los sistemas de geolocalización (GPS) son cada vez más habituales, especialmente en sectores donde el desplazamiento forma parte del trabajo diario. Sin embargo, esta tendencia también plantea interrogantes importantes sobre la privacidad, la legalidad del uso de ciertos datos y el respeto a los derechos fundamentales de los trabajadores.

Una reciente sentencia judicial en Italia ha puesto en el centro del debate la delgada línea entre el control legítimo por parte del empleador y la intromisión indebida en la vida privada del trabajador. El caso, que involucra a un vigilante que pidió unas horas de permiso  para cuidar a su madre enferma, pero que fue despedido tras ser rastreado mediante un GPS, evidencia los riesgos de una vigilancia empresarial sin garantías suficientes ni proporcionalidad.

Un permiso, un GPS oculto y un despido fulminante

Un trabajador de 46 años, empleado de la cooperativa italiana Coop Alleanza 3.0 y residente en Venecia, solicitó un permiso legal amparado por la Ley 104 de 1992. Esta normativa italiana permite a los empleados ausentarse del trabajo, sin perder su salario, para cuidar a familiares con discapacidad o enfermedades graves. En este caso, el permiso solicitado era de tres horas y tenía como objetivo cuidar a su madre.

Sin embargo, su empleador decidió poner en marcha una medida de control que, aunque técnicamente viable, se encontraba en el límite de lo legal: instaló un sistema GPS en el coche que utilizaba el trabajador para verificar que efectivamente destinaba el tiempo del permiso a cuidar de su madre. Con los datos recabados por el sistema de geolocalización, la empresa concluyó que el trabajador no había acudido al domicilio materno, sino que se fue a su propia casa, así que le despidió de forma inmediata, alegando uso indebido del permiso y falta de confianza.

El caso llegó a los tribunales laborales de Venecia, y la jueza Margherita Bortolaso fue la encargada de analizar los hechos y emitir una sentencia. Durante el proceso, se comprobó que si bien el trabajador no estuvo todo el tiempo en casa de su madre, sí había realizado una tarea concreta para su bienestar: construyó una reja de seguridad para proteger las ventanas de su domicilio. Un gesto que, en el contexto de los reiterados asaltos sufridos por la madre, tenía un objetivo claro de protección y asistencia, en línea con el permiso concedido por la Ley 104.

Para la jueza, el despido fue desproporcionado y carente de justificación razonable. Además, subrayó que el uso de los datos proporcionados por el GPS no había sido transparente ni respetuoso con los derechos del trabajador. No existía constancia de que el empleado hubiera sido informado de manera adecuada sobre la instalación  del sistema de rastreo, ni de que se hubieran establecido límites claros sobre el tratamiento de esos datos. En consecuencia, la magistrada declaró la improcedencia del despido y ordenó la inmediata readmisión del trabajador.

El caso del trabajador despedido por usar un permiso legal destinado al cuidado de su madre pone de manifiesto una problemática laboral muy relevante: el equilibrio entre el poder de dirección empresarial y los derechos fundamentales de los trabajadores. El desarrollo tecnológico de los últimos años ha facilitado herramientas que permiten a las empresas ejercer un control casi total sobre su personal, pero eso no les da vía libre para traspasar los límites legales ni éticos que protegen la intimidad y dignidad del individuo.

En un Estado de Derecho, el poder empresarial no puede ejercerse de forma arbitraria. Como ha recordado la justicia italiana, incluso si un trabajador comete una eventual desviación mínima en el uso de un permiso, el empleador no puede actuar desproporcionadamente ni vulnerar derechos fundamentales para sancionarlo. La instalación de sistemas de vigilancia sin información previa y sin respeto a la proporcionalidad rompe con los principios básicos del derecho laboral.

Además, este caso revela la importancia de valorar el contexto humano de cada situación. El empleado despedido no era un infractor reincidente, sino un trabajador con una trayectoria limpia que estaba actuando en favor del bienestar de su madre. Ignorar ese factor y apoyarse únicamente en datos de geolocalización constituye una lectura parcial, sesgada e injusta de la realidad.

Las empresas deben comprender que respetar los derechos fundamentales no es una opción, sino una obligación. Y que la confianza no se construye con vigilancia constante, sino con diálogo, empatía y justicia. Esta sentencia no sólo repara una injusticia individual, sino que establece un precedente necesario en defensa de una convivencia laboral más equilibrada y humana.