Incumplir las normas laborales será penalmente más grave que malversar

España, de la mano de Pedro Sánchez, ha entrado en un terreno legislativo que va más allá del delirio. Mientras la reforma del delito de malversación premia a los políticos que roben -especialmente si son socialcomunistas o golpistas, al imponerles un máximo de tres años de cárcel, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, la muy comunista Yolanda Díaz, ha introducido un cambio en la legislación laboral que castigará a los empresarios que incumplan la norma reiteradamente con hasta seis años de cárcel. Antes de la reforma laboral, en vigor desde el 1 de enero, el empresario que se saltase la norma a la hora de hacer un contrato temporal a un trabajador tenía que pagar como máximo 7.000 euros. Y si la infracción era sobre más de un empleado, la multa era también de 7.000 euros. Tras la reforma, la sanción pasa a ser de 10.000 euros y si son cinco, 50.000 euros, pero ahora serán condenados a seis años de cárcel quienes «impongan condiciones ilegales a sus trabajadores mediante su contratación bajo fórmulas ajenas al contrato de trabajo, o las mantenga en contra de requerimiento o sanción administrativa».

Para entendernos: a José Antonio Griñán, por malversar más de 600 millones de euros de los ERE fraudulentos, se le rebajará la condena de 6 a 3 años cuando entre en vigor la reforma del delito de malversación, pero a un empresario que vulnere las normas de contratación se le impondrá el doble de pena que al ex presidente socialista de la Junta de Andalucía. O sea, que mientras los empresarios que incumplan la ley tendrán más sanciones y pueden acabar en la cárcel, los políticos tendrán más fácil malversar dinero público y robar. En la España de Sánchez ganan los golpistas, los terroristas, los violadores y los corruptos, pero si eres empresario te arriesgas a pasarte seis años en la cárcel. Delirante, pero cierto.