Hay que renovar la Ley Penal del Menor

La primera agresión en la historia democrática de España contra un presidente del Gobierno le va a salir prácticamente gratis a Andrés de V., quien ingresará seis meses, como máximo, en un centro de internamiento después de la medida cautelar que ha decretado el Juzgado de Pontevedra. Una decisión que, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos, reafirma la necesidad de renovar la Ley Penal del Menor si no queremos que este tipo de actos, amparados en la laxitud de la norma y en el escaso castigo, se conviertan en hábito. Si las leyes tienen que evolucionar al ritmo de la sociedad, y siempre con la protección de los menores como objetivo fundamental, no es menos cierto que el odio a los que piensan diferente debería considerarse un serio agravante tenga la edad que tenga el infractor. Sobre todo cuando, como en este caso, la persona cuenta con 17 años, lo que significa que es adulto más que niño. Por ello, tendrían que establecerse distintos tramos de edad para la aplicación de las penas a menores.

Una ley endurecida sería clave para prevenir que España se convierta en una especie de Far West donde cualquier trama delictiva, sea del tipo que sea, aproveche la condición de intocables que los menores tienen ahora mismo de cara a la Justicia. Con la norma vigente, la pena máxima a la que estaría expuesto un menor sería de seis años pero únicamente si el juez optara por el ingreso en un centro abierto o semiabierto. El régimen cerrado se aplica en caso de homicidio, agresión sexual o terrorismo. Si bien el ataque a un presidente del Gobierno es de una gravedad extrema, la inconcreción de la Ley del Menor hace que el agravante de odio no tenga efecto y que Andrés de V., el rebelde de colegio de pago, se libre de un serio correctivo cuando ni siquiera ha pedido disculpas tras ser detenido.

No se trata del castigo por el castigo sino de buscar soluciones a un problema arraigado en la sociedad desde hace tiempo, tal y como demuestran las publicaciones del agresor en las redes sociales. En los últimos dos años, había amenazado, intimidado, e insultado como un auténtico salvaje a través de esas plataformas. Un comportamiento que el pasado miércoles culminó con el brutal puñetazo al jefe del Ejecutivo. Ataque que, para más agravio, fue jaleado por un grupo de amigos y colaboradores que lo habían acompañado hasta el lugar de los hechos. Un aspecto adicional, y cada día más común, que la nueva ley también debería de tener en cuenta: la coexistencia de grupos que promueven la violencia y que, además de la política, extienden su actos a contextos tan problemáticos para los menores como es el acoso escolar.

Por todo ello, y al demostrarse la ineficacia del actual reglamento, reescribir esta ley es una necesidad perentoria para educar, prevenir y actuar mediante ella en casos como el de Pontevedra. Una España que quiere recuperar el tiempo perdido tras la crisis debe ser un proyecto educacional asentado sobre normas efectivas. Lo que menos nos conviene es aparecer en las portadas de toda la prensa internacional porque un violento de izquierda radical como Andrés de V. casi tumba de un golpe al presidente del Gobierno. De hecho, hay que tener en cuenta que, con tan sólo unos meses más de vida, ya metido en la mayoría de edad, el agresor se habría enfrentado a una condena de seis años de cárcel por atentado a la autoridad, según lo recogido en el artículo 550 del Código Penal.