Adif adjudicó la supervisión de la soldadura de Adamuz a una empresa amiga a la que ‘suspendió’ en materia de «calidad»

El informe de la Guardia Civil remitido a la juez sobre el accidente ferroviario de Adamuz -en el que murieron 46 personas- refleja numerosas deficiencias en la realización e inspección de las soldaduras. Uno de los asuntos más controvertidos es la auscultación de las vías, para lo que Adif subcontrató a la empresa Redalsa, participada a su vez en un 52% por la propia Adif. El informe concluye que la empresa inspeccionó el tramo siniestrado en junio de 2025 y dio por «aptas» las 114 soldaduras, entre ellas, la que ahora se investiga como causa de la tragedia. Pero la Guardia Civil advierte que ninguno de los dos técnicos encargados de esa supervisión tenía la experiencia de dos años exigida. Redalsa recibió el encargo del Gobierno para la «auscultación de carriles en líneas de ancho estándar en explotación» en noviembre de 2022 y por un período de cuatro años. Fue la única empresa que optó al contrato —se lo llevó por 9,7 millones— y no obtuvo una cualificación sobresaliente. En el apartado de «calidad», por ejemplo, recibió 1,4 puntos sobre 3. Adif, incluso, dio más valoración al «programa de actuaciones ambientales» que a ese apartado.

Pese a esa baja calificación, los evaluadores consideraron la propuesta «correcta» y «suficiente». Sin competidores, en enero de 2023 se formalizó el contrato, en el que expresamente se exigían técnicos «de nivel 2» y con una experiencia mínima de dos años.

Inspección en duda

El Gobierno se ha negado a mostrar públicamente el acta de la inspección por ultrasonidos realizada a la soldadura. Reclamada por OKDIARIO, el Ministerio de Transportes alegó incluso que se trataba de un «documento reservado».

Redalsa aseguró a la Guardia Civil que se verificaron «el 100%» de las 114 soldaduras del tramo, con el resultado de «aptas». Los investigadores reclamaron entonces a la empresa pública los datos obtenidos durante la inspección, recibiendo como respuesta que: «No se dispone de registro digital de los datos brutos generados». Según Redalsa, porque la propia normativa de Adif «no exige el registro completo de la inspección, tan sólo de los defectos». En cualquier caso, consideró que la inspección quedaría «avalada por la propia cualificación, experiencia y certificación de los técnicos».

Eso es lo que ahora la Guardia Civil pone en duda. Señala que la normativa exige que los equipos de auscultación de las soldaduras acrediten al menos dos años de experiencia.

Así, «tras solicitar la acreditación de los dos técnicos que figuran en el parte de auscultación, se aportó el certificado de David A (…) y el de Pedro A (…) en este caso con dudas relativas a la certificación en cuanto a capacitación y en ambos casos ninguna de las certificaciones tiene más de dos años desde que se expidieron los correspondientes certificados hasta que se llevó a cabo la auscultación en la soldadura, por lo que para cumplir con el requisito de acreditar una experiencia mínima de dos años se están realizando gestiones de investigación». Los investigadores, pues, cuestionan que los técnicos encargados de dar el visto bueno a las soldaduras tuvieran la experiencia que a Redalsa se le exigía por contrato.

La documentación del expediente, de hecho, era estricta en relación a la auscultación ultrasónica, una prueba que la Guardia Civil considera clave, pues permite detectar defectos internos que a menudo no son visibles externamente.

«Si no se realizan inspecciones ultrasónicas periódicas para vigilar su evolución, estas grietas crecen hasta causar la rotura súbita», sostienen. La conclusión es que la vía se rompió 22 horas antes del trágico siniestro, pero los sistemas de alarma no se activaron. «Adif, a pesar de contener en sus especificaciones que (el SAM) debe estar diseñado para detectar la fractura, no lo exigió», asevera la Guardia Civil.